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La clase media en Colombia enfrenta un escenario desafiante a partir del nuevo año gravable, tras la entrada en vigor de la ley de emergencia económica declarada por el Gobierno nacional de Colombia. Según un análisis publicado por El Diario y elaborado por Crowe Co, esta legislación desplaza una parte considerable de la carga tributaria hacia núcleos familiares que hasta ahora permanecían al margen de las obligaciones fiscales directas. El objetivo central de estas medidas, según lo argumenta el Ejecutivo, es contener el creciente déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación; sin embargo, su efecto más sentido se traduce en un golpe directo al consumo, la liquidez y la consolidación patrimonial de los hogares clasificados como clase media.
Entre las transformaciones más identificables, el informe destaca la extensión y profundización de los impuestos indirectos, especialmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La nueva política elimina exenciones y privilegios, ampliando la base gravable a bienes y servicios anteriormente excluidos. Esto implica que el peso tributario recae en última instancia sobre los consumidores finales, quienes deben asumir un aumento de los precios en productos y servicios cotidianos.
Particularmente relevante resulta la implementación progresiva del IVA a los combustibles a partir de 2026, afectando primero a la gasolina, con una tarifa de transición, y luego al ACPM. Este ajuste disparará el costo del transporte y ejercerá mayor presión sobre la inflación. Asimismo, la subida del impuesto al consumo de licores y vinos, que podría llegar al 200 %, impactará fuertemente a los hogares urbanos para quienes estas bebidas forman parte del gasto habitual. Adicionalmente, la tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se incrementa a 5 por mil, lo que encarece el uso de servicios bancarios y podría incentivar un retorno al uso del efectivo.
El contexto se complica aún más con la disminución del umbral del impuesto al patrimonio, el cual a partir de 2026 se aplicará a patrimonios a partir de 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de $2.095 millones. Con esto, propietarios de inmuebles urbanos valorizados, pequeños empresarios y familias que no se consideraban "ricas" pasan a ser sujetos de declaración y pago de este tributo.
De acuerdo con Crowe Co, si bien la estructura tributaria fue presentada como temporal, la realidad práctica indica que los gravámenes regirán durante todo el año, sin garantía de devolución en caso de que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de algunas medidas. El principio de “situación jurídica consolidada” blinda al Estado contra la devolución de impuestos pagados, con escasísimas excepciones.
Ante este panorama, los expertos aconsejan a la clase media no apostar por eventuales tumbos jurídicos y, en cambio, prever que todos estos impuestos deberán ser liquidados en su totalidad. El ajuste no solo se dará al momento de declarar renta, sino que “apretará el bolsillo” de manera cotidiana a través de mayores costos en transporte, transacciones, servicios y consumo básico.
La conclusión es clara: el esfuerzo estatal por equilibrar el presupuesto nacional transfiere el peso a la clase media, reduciendo su poder adquisitivo y forzando una reorganización financiera urgente.
¿Qué significa el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)?El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido también como impuesto al “cuatro por mil”, es un tributo que se cobra sobre la realización de retiros, transferencias y pagos en el sistema bancario. Para 2026, según el análisis de Crowe Co referido por El Diario, la tarifa subirá a “cinco por mil”, lo cual implica que por cada mil pesos retirados o transferidos, se pagarán cinco pesos al Estado.
Este ajuste encarece las operaciones financieras cotidianas, afectando principalmente a personas naturales y pequeños comercios que dependen de servicios bancarios. La relevancia de la pregunta radica en que este impuesto, aunque aparentemente pequeño, puede tener un impacto acumulativo considerable en las finanzas personales y en la economía diaria de los hogares colombianos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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