Hace algunos días, en Colombia se cumplieron 30 años de la entrada en vigencia de la ley de servicios públicos y, en medio de esa celebración, el Gobierno Nacional ya ha planteado hacer una reforma que modifique la regulación y la forma en la que pagan los usuarios estas prestaciones, según informó El Tiempo.
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Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, indicó en el citado diario que el principal objetivo de los cambios que se vendrían es que la regulación también beneficie a los usuarios y no solo a las empresas.
Cuál es el nuevo servicio público domiciliario que habría en Colombia
El cambio más grande tiene que ver con el internet que tienen los hogares en Colombia, el cual entraría a considerarse como servicio público domiciliario y a ser vigilado por la Superservicios, como ocurre con la luz, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio se haría a un lado con la reforma, según el impreso.
“Eso se presentará y en el mismo debate del proyecto de ley esta propuesta se puede mejorar o complementarse. Si en el consenso el Legislativo considera que no es conveniente por una u otra razón no se aprobará”, indicó Quiroga en la entrevista.
En ese sentido, la ley que ya lleva 30 años funcionando tiene algunos problemas, pese a que en términos generales se han dado logros en algunos sectores; sin embargo, donde no es rentable la prestación del servicio público no entra el sector privado, por lo que el Estado termina siendo deficiente en la prestación y vigilancia, de acuerdo con el rotativo.
Y es que el principal problema que se ha dado con los servicios públicos en Colombia son las tarifas y la vigilancia sobre estos cobros estaría monopolizada por el sector privado, lo que produce que la regulación no se hacía pensando en la prestación, sino en el negocio y desviaba el objetivo principal de esta ley, que es beneficiar a los colombianos, según el periódico.
Entre los cambios que se harían se destaca que el territorio debe ordenarse alrededor del agua y no alrededor del cemento, el ladrillo y la urbanización. Además, se buscaría fortalecer a la Superintendencia, ya que solo tiene presencia en siete ciudades capitales. Finalmente, las comunidades entrarían a participar en la autogestión de los servicios públicos, y también facilitar la introducción de tecnologías, de acuerdo con el medio de comunicación.
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