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Los pescadores artesanales del departamento del Cesar, Colombia, se encuentran inmersos en una crisis estructural que amenaza no solo la viabilidad de su oficio, sino la sostenibilidad de la economía local y la seguridad alimentaria de la región. Las dificultades que enfrenta este sector se han visto reflejadas en los recientes llamados de atención a los gobiernos local y nacional, exigiendo apoyos urgentes y coordinados que permitan superar décadas de rezago, falta de reconocimiento y carencia de políticas ajustadas a su realidad. Según reportes de El Pilón y declaraciones oficiales, el reciente desencuentro en torno a la visita del director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), William Tepud, es solo la punta del iceberg de un problema más profundo: la sensación de exclusión y desconfianza del gremio pesquero frente a las instituciones responsables de su acompañamiento y desarrollo.
La visita, originalmente pactada para realizarse en el Centro de Desarrollo Pesquero del Cesar, Universidad Nacional sede La Paz, buscaba propiciar un escenario de diálogo directo con la comunidad pesquera y otras instituciones relevantes. Sin embargo, la decisión unilateral de trasladar el encuentro a Valledupar generó críticas de la Federación de Pescadores Artesanales y Ambientalistas del Cesar (Fedepesce), que consideró esto un ejemplo del trato a espaldas del sector. Este malestar pone sobre la mesa una de las mayores exigencias históricas de Fedepesce: espacios auténticos y permanentes de diálogo que garanticen una representación y participación real para la toma de decisiones, tal como promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en sus directrices sobre gobernanza de recursos pesqueros.
El documento que Fedepesce planea entregar a las autoridades sintetiza siete urgencias críticas: reconocimiento legal de la pesca artesanal como patrimonio biocultural; restauración ecológica de la Ciénaga de Zapatosa y áreas asociadas; ordenamiento pesquero basado en ciclos ecológicos del río Magdalena; planes de manejo diferenciados para proteger la pesca artesanal frente a la industria depredadora; programas de apoyo directo para seguridad alimentaria; acceso facilitado a la seguridad social; y la creación de un fondo especial para inversión en el sector. Estas demandas tienen como base hallazgos de organismos como el Instituto Humboldt y la CAR, según los cuales el ecosistema de la región, sus prácticas ancestrales y los medios de vida han sido amenazados por prácticas extractivas, contaminación, desvío de cursos de agua y el avance de la pesca industrial.
Diversos estudios de la Universidad de Cartagena y reportes de la Secretaría de Agricultura del Cesar demuestran que la convivencia desigual con la industria, el deterioro de los ecosistemas y la informalidad laboral han disminuido las capturas y sumido a muchas familias en la inseguridad económica. Esta situación ilustra un fenómeno global, presentado por la FAO: la pesca artesanal constituye la base de empleo y sustento en comunidades rurales, pero enfrenta marginación política, competencia desleal y falta de acceso a mercados y tecnología sostenible. En el plano nacional, políticas históricamente centradas en lo industrial han dejado a muchas comunidades desprotegidas y sin voz, dificultando la concreción de estrategias adaptadas a las particularidades culturales y ecológicas del territorio, como lo documenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Por todo ello, el clamor de los pescadores artesanales del Cesar trasciende lo local: es un llamado a la transformación de las políticas pesqueras colombianas hacia enfoques justos, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental. Atender estas urgencias será clave para conservar el patrimonio biocultural, fortalecer la seguridad alimentaria y avanzar hacia la justicia social en el departamento, en sintonía con estándares internacionales y con la realidad de las comunidades.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué implica declarar la pesca artesanal como patrimonio biocultural?Uno de los ejes centrales en la agenda de Fedepesce consiste en lograr el reconocimiento legal del patrimonio biocultural de la pesca artesanal, según lo estipula la Resolución 060 de 2023. Esta declaratoria implica salvaguardar no solo los ecosistemas y recursos hídricos que sustentan la actividad, sino también las prácticas, saberes ancestrales y formas de vida que definen la identidad de las comunidades pesqueras. Según el Instituto Humboldt y la FAO, este reconocimiento es vital para garantizar la inclusión de los pescadores en procesos normativos y de gobernanza, permitiendo el diseño de políticas públicas más adaptadas a la realidad cultural y ecológica de cada territorio, así como la protección de los derechos colectivos e individuales.
La relevancia de este estatus radica en asegurar la sostenibilidad de los medios de vida locales y la transmisión intergeneracional de conocimientos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la preservación cultural. Además, este enfoque permite a las comunidades exigir acciones concretas para la restauración ecológica y la defensa frente a actividades extractivas e industriales externas que pongan en riesgo su futuro.
¿Por qué es fundamental la participación de los pescadores artesanales en la toma de decisiones?La falta de espacios genuinos de concertación ha sido una constante en la relación entre las comunidades pesqueras y las autoridades en Colombia, como pone en evidencia el reciente caso en Cesar. La participación efectiva de los pescadores es esencial para el diseño de políticas que respondan a sus necesidades y que reconozcan sus aportes en la gestión sostenible de los recursos. Las recomendaciones de la FAO y de diversos organismos internacionales subrayan que la exclusión debilita los procesos de conservación, genera desconfianza institucional y puede conducir a la ineficacia de las acciones gubernamentales.
Involucrar a los pescadores artesanales en la toma de decisiones promueve el equilibrio entre productividad y conservación, fortalece los lazos comunitarios y favorece la adaptación a los desafíos ambientales y sociales. Sin su participación, es difícil lograr acuerdos duraderos y estrategias exitosas para la defensa de los ecosistemas y la seguridad alimentaria regional.
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