Para darse cuenta de la magnitud del conflicto potencial, basta decir que Uber tiene 83 mil conductores registrados.
“Lo único que nos cubre la compañía es un seguro médico, por si nos pasa algo en el ejercicio de nuestro trabajo, pero si nos enfermamos o sufrimos un accidente por fuera de Rappi, no podemos hacer nada”, dijo a El Espectador uno de los mensajeros de la aplicación.
Rappi no habló a El Espectador para responder, pero la empresa, al igual que Uber, no reconoce la existencia de una relación laboral con sus socios.
“Uber es una empresa de tecnología que sirve como intermediaria entre usuarios que tienen una necesidad de movilidad y socios conductores que ven una oportunidad de autoempleo y emprendimiento a través de la tecnología. Este modelo les permite a los conductores prestar servicios independientes y decidir cómo administrar y controlar su actividad, su tiempo y sus ingresos”, le dijo a El Espectador Pablo Peralta, encargado de asuntos laborales de Uber para Latinoamérica.
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Citado por El Espectador, Diego Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional, dijo que estos trabajadores han perdido las conquistas que consiguieron en los pasados 100 años, y que el Estado colombiano es ambigüo: apoya los emprendimientos, la innovación, pero al mismo tiempo no protege los derechos de estos trabajadores.
“El Ministerio del Trabajo se negó a contestar cuál era su posición y lo que estaba haciendo para garantizar los derechos de estos trabajadores, argumentando que era un tema que no le correspondía”, dice El Espectador.
Mencionado por el periódico, Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, mencionó que en Francia y España han condenado a Uber y a Deliveroo (el Rappi europeo) a reconocer que la relación de trabajo con sus conductores y mensajeros es directa.
Sumado a esto, explica El Mundo, de España, en Reino Unido una juez resolvió el año pasado una demanda de dos exconductores de Uber y les puso el rótulo de “trabajadores”. Además, emitió una resolución que exige a Uber garantizarles el derecho a vacaciones, un sueldo mínimo, pagar seguridad social y hasta el IVA.
“Este es un buen antecedente para fijar política pública en Colombia. Los tribunales internacionales concluyen que estos trabajadores son subordinados y en ese sentido tienen derecho a gozar de todas las prestaciones que contempla la ley laboral para los trabajadores dependientes”, dice Jaramillo.
Pero el Ministerio del Trabajo, cuando le preguntaron sobre el tema, se negó a contestar diciendo que no le correspondía.
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