La senadora Paloma Valencia denunció el grave deterioro del sistema de salud en Colombia, tras las intervenciones del Gobierno Nacional a las diferentes EPS del país.
Según cifras presentadas, las quejas contra estas entidades superan el millón, la cartera vencida alcanza los $ 17,3 billones, y la siniestralidad —indicador que mide cuánto gastan las EPS por cada 100 pesos recibidos— supera el 120 % en varias entidades, lo cual evidencia un sistema financieramente inviable.
(Vea también: Golpe para afiliados a Nueva EPS en Colombia: Gobierno tomó drástica decisión con entidad).
El gobierno actualmente controla 9 EPS que cubren a más de 30 millones de usuarios, sin que esto haya mejorado la situación. De hecho, los reclamos han aumentado significativamente, especialmente en EPS como Capresoca (138 %) y Savia (64 %).
La Nueva EPS concentra el 60 % de la deuda total, con más de $11,4 billones en pasivos, de los cuales $ 1,1 billones son considerados incobrables. Además, no presenta información financiera desde 2024.
La senadora criticó duramente al gobierno, señalando que, lejos de mejorar el sistema, las intervenciones han agravado la crisis: médicos sin pagos, clínicas cerrando servicios y pacientes desatendidos.
Concluyó que el Gobierno debe asumir la responsabilidad ante este colapso del sistema de salud. “Las cifras son claras. Las intervenciones fracasaron. El sistema está colapsado, las deudas crecen, los médicos no reciben pagos, las clínicas están cerrando servicios, y los pacientes sufren las consecuencias. El Gobierno debe responder ante este desastre”, sentenció.
Cómo funcionan las EPS en Colombia
En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las encargadas de garantizar el acceso a los servicios de salud a los ciudadanos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Estas entidades actúan como intermediarias entre el Estado, que financia gran parte del sistema, y los usuarios, que reciben los servicios médicos.
Su función principal es afiliar a los ciudadanos, recaudar las cotizaciones del régimen contributivo (aportadas por trabajadores y empleadores) y gestionar los recursos asignados al régimen subsidiado, que cubre a la población sin capacidad de pago. A través de estos recursos, las EPS deben garantizar la prestación oportuna, continua y de calidad de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), anteriormente conocido como POS (Plan Obligatorio de Salud).
El funcionamiento de una EPS implica contratar y coordinar una red de prestadores de servicios de salud (IPS), como hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios médicos.
Las EPS no siempre prestan los servicios de salud directamente, sino que actúan como gestores del riesgo en salud: deben planificar, coordinar y pagar por los servicios que sus afiliados requieren. Esto incluye atención médica general y especializada, medicamentos, hospitalización, cirugías, exámenes diagnósticos, terapias, entre otros. Las EPS deben asegurar también la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, mediante programas de vacunación, control prenatal, y campañas de salud pública.
El modelo colombiano se basa en el principio de competencia regulada, en el que múltiples EPS —públicas y privadas— compiten por afiliar a los usuarios, quienes tienen el derecho de escoger o cambiar de EPS según su conveniencia. Sin embargo, esta competencia ha generado problemas como la concentración de afiliados en pocas entidades, diferencias en la calidad del servicio y desigualdades en la atención. Para funcionar adecuadamente, las EPS deben tener una adecuada gestión financiera y actuar con eficiencia administrativa. Sin embargo, muchas han sido cuestionadas por demoras en autorizaciones, negación de servicios, mala atención al usuario y acumulación de deudas con hospitales y clínicas.
Por qué las EPS fueron intervenidas en Colombia
Cuando una EPS no cumple con sus obligaciones o presenta problemas financieros graves, el Gobierno puede intervenirla, lo que implica su administración temporal o liquidación.
Aunque el propósito de estas intervenciones es proteger a los afiliados y estabilizar el sistema, en muchos casos han generado mayores dificultades, como las que actualmente enfrenta el sistema, con aumento de quejas, deudas impagables y servicios deficientes. El adecuado funcionamiento de las EPS es crucial para garantizar el derecho a la salud en Colombia.
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