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El Deportivo Pereira inició su participación en la Liga BetPlay I-2026 el viernes 16 de enero en un escenario cargado de incertidumbre y preocupación. A pesar del ambiente competitivo del estreno ante Llaneros en el estadio Centenario de Armenia, la jornada quedó marcada por una noticia de enorme gravedad institucional: la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció la intervención de “control” sobre el club debido a profundas inconsistencias detectadas en el ámbito jurídico, contable y administrativo. Tal cual lo comunicó oficialmente el ente de vigilancia estatal, esta decisión representa el “nivel más alto de supervisión previsto en la ley” y revela el estado crítico en que actualmente se encuentra la administración del equipo 'matecaña'.
La resolución, según se informó, otorga a la Superintendencia de Sociedades una amplia capacidad de acción para monitorear y dirigir los destinos del Deportivo Pereira. Esta potestad se traduce en la facultad de impartir instrucciones directas, demandar la elaboración de planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados movimientos y transacciones, además de hacer un seguimiento exhaustivo a la labor de los administradores del club. De acuerdo con el reporte oficial, el propósito fundamental es “garantizar el cumplimiento del marco legal, la transparencia en la información financiera y la adopción de correctivos oportunos ante los riesgos identificados”.
En la práctica, la intervención no solo busca contener la crisis administrativa inmediata, sino también propiciar lo que la entidad calificó como una “recuperación integral” del Deportivo Pereira: una supervisión intensa y técnica que corrija las debilidades estructurales detectadas, refuerce el gobierno corporativo y asegure la sostenibilidad operacional a mediano y largo plazo. La vigilancia adoptada pretende, por tanto, evitar que los problemas actuales se profundicen hasta poner en riesgo la subsistencia misma de la institución deportiva.
Paralelamente, el malestar entre los futbolistas y la crisis de confianza alrededor del club también fueron evidenciados por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). En repetidas oportunidades recientes, este gremio ha señalado las reiteradas fallas del club para cumplir con sus obligaciones laborales. Denuncian que el Pereira debe en la actualidad dos meses de salario y seguridad social a sus jugadores, una deuda que evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales y contribuye al desprestigio del fútbol profesional colombiano. Según expuso Acolfutpro en un contundente comunicado a través de sus redes sociales, la normalización de este tipo de incumplimientos “golpea la dignidad de los futbolistas y deteriora la credibilidad” de la competencia, advirtiendo que la sostenibilidad del fútbol nacional no puede sustentarse sobre la evasión de responsabilidades legales.
Ante este panorama, las medidas tomadas por la Superintendencia de Sociedades representan tanto un intento de defensa institucional como una llamada de atención para quienes gestionan el fútbol profesional en Colombia. La intervención pone en el centro del debate la importancia de la transparencia, la responsabilidad y el respeto a los derechos laborales en un sector marcadamente vulnerable a crisis de gobernanza y financieros.
¿Qué implica la medida de "control" impuesta por la Superintendencia de Sociedades?
La noción de “control” definida por la Superintendencia de Sociedades consiste en la intervención más estricta permitida por la ley colombiana para regular empresas que enfrentan situaciones críticas. Bajo este régimen, el organismo puede supervisar de forma directa las acciones de la administración, aprobar o rechazar decisiones estratégicas y demandar informes periódicos, todo orientado a corregir deficiencias graves y prevenir la quiebra o disolución de la entidad intervenida. Para los clubes deportivos, este nivel de vigilancia suele traducirse en una reestructuración interna obligada y en la obligación de cumplir sin excepción con las normativas vigentes en materia financiera y laboral.
El caso del Deportivo Pereira ilustra los riesgos a los que se enfrentan las entidades deportivas cuando sus manejos internos no se corresponden con los estándares legales exigidos. El control estatal, lejos de ser solo una sanción, configura una oportunidad para restablecer la transparencia y la confianza, tanto entre empleados como frente a los hinchas y la opinión pública. ¿Podrá el Deportivo Pereira superar esta crisis y restablecer la confianza en su gestión administrativa y deportiva bajo la estricta vigilancia de la autoridad estatal?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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