Desde comienzos del 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene adelantando una investigación que involucra a 16 equipos del fútbol profesional colombiano, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 15 dirigentes, debido a presuntos acuerdos para restringir la libre contratación de jugadores.
El caso, que salió a la luz tras una denuncia presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), ha puesto en evidencia prácticas que, de acuerdo con la entidad, atentan contra la libre competencia en el mercado de transferencias.
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Según El Tiempo, que tuco acceso al informe de la SIC, los hechos que originaron la investigación quedaron en evidencia por medio de mensajes y comunicados internos entre directivos de clubes.
Uno de los ejemplos más notorios fue un mensaje enviado por Ramiro Alberto Ruiz Londoño, presidente de Envigado, solicitando a otros equipos no contratar al defensor Carlos Andrés Páez, quien había decidido no renovar contrato para buscar nuevas oportunidades en otro club.
Este mensaje, según la SIC, no solo informaba la situación, sino que buscaba influir en la decisión de otros equipos, usando una “solidaridad gremial” que, en la práctica, habría servido para vetar al jugador.
La investigación se basa en pruebas obtenidas de un grupo de WhatsApp denominado ‘G-36’, donde participaban 46 presidentes de clubes, así como altos cargos como Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, expresidentes de la Dimayor, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Según la SIC, estos intercambios permitieron consolidar un “pacto de caballeros”: una práctica informal donde los equipos acordaban no contratar futbolistas que hubieran terminado sus contratos unilateralmente o demandado judicialmente a sus antiguos equipos.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia, el objetivo era proteger los intereses económicos de los clubes, afectando de manera directa la movilidad laboral y derechos de los futbolistas.
Entre las evidencias recogidas, se encuentran correos electrónicos y cartas enviadas por directivos a otros clubes, como la comunicación de José Augusto Cadena, entonces presidente del Cúcuta Deportivo, pidiendo que se abstuvieran de negociar con jugadores que habían renunciado. Estas acciones, según la SIC, buscaban frenar los movimientos de jugadores en libertad y limitar las competencias entre los clubes en temas de fichajes.
Clubes involucrados en escándalo de veto a jugadores en el FPC
Los dirigentes implicados han argumentado que la SIC fundamenta sus señalamientos en simples comunicaciones que, a su juicio, no configuran un acuerdo anticompetitivo, sino el ejercicio de la libertad de empresa y expresión. Sin embargo, la Delegatura de Protección de la Competencia considera que la existencia de un comportamiento coordinado es suficiente para configurar la infracción, aun en ausencia de un acuerdo formal suscrito.
La Superintendencia determinó que tanto Fernando Jaramillo Giraldo como Jorge Enrique Vélez García, por su conducta omisiva al no frenar ni denunciar estos pactos, también tienen responsabilidad administrativa en los hechos investigados. Según la entidad, su inacción facilitó el escenario de concertación entre clubes para bloquear futbolistas que decidieran no renovar o terminar sus contratos.
Algunos de los clubes involucrados en el escándalo, que están siendo investigados, son: Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado, Tolima, Once Caldas, La Equidad, Fortaleza, Alianza F.C., entre otros.
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