Estrategia de emular lo malo e indeseable de la democracia, en la esfera global, parece ser el derrotero político que se impondrá de cara a profundizar la polarización en el ámbito nacional. Derecho de control ciudadano, sustentado en la Ley 134 de 1994 y la Ley 741 de 2002, pierde todo su efecto al convertirse en ideario de reaccionarios políticos que, desde la mediocridad, son incapaces de asumir su derrota en las urnas. Revocatoria del mandato, antes que una pataleta de ahogado o moda como se percibe en los casos de Bogotá, Medellín y Cartagena, es un principio político sensato que tiene el ciudadano para confrontar a alcaldes y gobernadores incapaces de asumir su mandato dando cumplimiento a un programa de gobierno sufragado por el constituyente primario.
Odio de clases, divergencias ideológicas, colman la agenda social desde el amarillismo como instrumento de campaña electoral populista; uso y apropiación estratégico de los medios periodísticos como caja de resonancia que alimenta la llama de inconformismo que aflora al interior del colectivo. Promover revocatorias, en este momento, atenta contra la estabilidad política, económica y ciudadana que se requiere para asumir una nueva normalidad y reconstruir el país desde el caos que deja la pandemia. Complejo ha sido ejercer el poder en un año en el que las circunstancias han impedido el cumplimiento de propuestas y atizan las necesidades de empleo, alimento, vivienda y el suplir primario de las familias colombianas.
Envilecido entorno es aprovechado de manera magistral por quienes tiran la piedra y esconden la mano, sagaces caudillos incendiarios, que sin argumentos desbordan los ánimos xenófobos, ideológicos o partidistas para pasar por encima de la democracia. El promover revocatorias desvía la atención sobre el deber ser de alcaldes y gobernadores, gestión de recursos e implementación de políticas públicas que atiendan la apremiante penuria de la esfera poblacional de su entorno; reactivación lenta, pero segura, que distante de la improvisación atiende la pobreza, hambre y desigualdad que se toma las calles colombianas, dispara la inseguridad, y desborda los índices criminales. Diatriba ética, de voceros del poder, que desdibuja esencia del principio legal para atajar a corruptos con la revocatoria desde el sufragio.
En tiempos difíciles, como los que atraviesa Colombia y el mundo, es un acto de valentía y gallardía anteponer los principios y dignidad del ciudadano a los intereses políticos y de bolsillo que tienen hambrientos personajes que se tildan de humanistas, líderes alternativos, demócratas, revolucionarios, socialistas o glaucos. Sujetos que lejos de la noble labor del servidor público exacerban regionalismos, idearios polarizadores y aversiones al estamento democrático de un estado social de derecho. Legisladores que desde el artilugio de la palabra acusan y señalan de irregularidades, a funcionarios, sin esgrimir pruebas más allá del rumor que circunda las redes sociales o los corrillos de los mentideros políticos nacionales.
La revocatoria, como herramienta necesaria dentro de una democracia, se constituye en una alternativa que no prospera y pierde su respeto, como recurso de una elección, por la forma en que delinean la solicitud de un cambio desde el capricho de personas puntuales. Ineptitud conceptual que, para el caso de la capital de la República, sustentan el movimiento ciudadano en el afán de figuración pública y mediática de la mandataria, enceguecida confrontación con el Gobierno Nacional, que nubla la urgente necesidad de amarrarse los pantalones y tener pulso firme para implementar medidas impopulares, pero necesarias que hagan frente a la coyuntura de seguridad, salud, reactivación económica, empleo y desarrollo social. Leguleyadas populistas, carentes de verdad en hechos y datos, que atomizan y no permiten avanzar en el tiempo para bien o para mal.
Artimañas politiqueras que quieren aprovechar el mecanismo legal para ajustar deudas pendientes de la campaña electoral como ocurre en Medellín. Desestabilización oportunista, con sed de venganza, conexa al estruendoso escándalo de Hidroituango que salpicó a las Empresas Públicas de Medellín y diversos estamentos industriales de la capital antioqueña; jugada táctica de ajedrecista que se anticipó a la perspicacia de torpes funcionarios corruptos que ahora acusan al burgomaestre de nepotista. Visión y concepción de ciudad que da un giro de 180º a la hegemonía partidista ligada a los intereses de empresarios amañados con las malas gestiones y las promesas incumplidas de políticos que inician de manera anticipada su carrera por retomar el poder regional.
Cinismo procedimental que quiere masificar un descontento particular de quienes por años estuvieron ligados a comportamientos non-sanctos de la administración pública, dirección política que en Cartagena aviva las divergencias entre empresas privadas, intelectuales, profesionales y la tradicional casta política de la costa norte colombiana. Disputa de egos que trasluce al escenario público, verdades de apuño que no se saben comunicar, e hiere la altivez de sujetos que desatan demandas de injuria y calumnia y abre procesos disciplinarios de los entes estatales; vergüenza soberana que no esconde su apetito para apoderarse de un plan de desarrollo que tiene consigo importantes recursos para atender problemas de inseguridad, insalubridad, alcantarillado, malla vial y demás problemas que requieren de la administración de la primera autoridad de la ciudad.
Fragmentación política que impide gobernar con el apoyo teórico de aliados, opositores y ciudadanos, crisis democrática e institucional que da profunda volatilidad e incapacidad para garantizar estabilidad social. Descomposición de fondo que abre campo a la corrupción y avaricia de la clase política regional colombiana que salpica a muchos referentes de la opinión pública nacional. Lucha soterrada de poder que entorpece el accionar público con coletazos distantes al sentir de la población y dispersa la atención de la rendición de cuentas que deberían brindar no solo alcaldes y gobernadores a los electores.
Partidor político abre, muy temprano, las maniobras para torpedear el ejercicio de unos funcionarios que fueron elegidos democráticamente por el pueblo para el desarrollo de un programa y unas políticas; once meses, una pandemia y un aislamiento hacen corto el tiempo de gobierno, una revocatoria en este momento es innecesaria, salida de un mal perdedor que busca dilatar el problema sin atender la dimensión del trabajo que espera a los burgomaestres para recomponer el camino de la nación. La mejor respuesta que se puede tener a los ánimos revanchistas de los revocadores es ir a las urnas y darles una paliza a esos corruptos que quieren permanecer o retomar el poder por descendencia o padrinazgo para seguir haciendo de las suyas y evitar que Colombia refunde sus bases democráticas y sociales.
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