Lo que parece una repuesta obvia no lo es, por las prevenciones culturales y morales que optan por utilizar al estado para exigir a los demás una conducta sin evaluar sus consecuencias en detrimento de toda la sociedad.
Para el estado colombiano la guerra contra las drogas ha sido contra intencional e incrementado las ganancias que han financiado a guerrillas, grupos terroristas y organizaciones criminales que atentan contra el orden institucional.
El narcotráfico ha desgastado el aparato policivo y la justicia colombiana a tal punto de desconcentrar al país de su tarea de proveer condiciones para el progreso y bienestar, sin proyectar al mundo un anhelo más ambicioso que la de ser un país problemático que reclama atención y cuidado.
Por eso resulta acertado que el país haya desarrollado una legislación para el uso medicinal del cannabis bajo un enfoque de salud pública – Ley 1787 de 2016 que permite el “acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis” como lo han hecho Alemania, Italia, Portugal Grecia, Holanda, Dinamarca, España, Canadá, Chile, México, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Israel, Reino Unido, Australia y veintiocho estados americanos.
Esta ley busca incorporar al país al negocio mundial del cannabis legal -en los que también componentes no alucinógenos como el cannabidiol, tiene potencial de explotación- negocio que de acuerdo con el informe Grand View Research citado por la revista Dinero “podría alcanzar US$146.000 millones para el año 2025” y en que participan empresas de consumo y farmacéuticas como Constellation Brands, Anheuser-Busch, InBev, Altria Group y Novartis según un reporte de Bloomberg.
Por otro lado, mientras que el consumo regulado se permite en Uruguay, Argentina, México, Holanda, Canadá, Dinamarca y en algunos estados americanos, en el congreso colombiano cursa el Proyecto de Acto Legislativo 172 de 2019 -que busca “permitir la regularización del uso del cannabis con fines recreativos por parte de mayores de edad, así como la unificación de la normativa actual respecto a la utilización del cannabis para uso científico. Lo anterior dirigido a reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, a alinear las referencias constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia y a coadyuvar a combatir el tráfico ilegal de cannabis, como estrategia para reducir la violencia en el país”.
El proyecto se sustenta entre otras fuentes, en el Reporte de drogas del Ministerio de Justicia (2017) que estima en tres millones, las personas que han consumido drogas ilícitas alguna vez en el país; y el Informe de la OEA sobre el Consumo de Drogas en las Américas de 2019 el cual señala que “las políticas sobre la venta y el consumo de drogas para controlar el acceso al alcohol y tabaco han tenido resultados positivos que podrían aportar lecciones importantes para las políticas sobre otras drogas (…)” lo que sugeriría que es mejor regular para controlar antes que prohibir, que no parece contribuir a disminuir el consumo y sí lleva a la población a recurrir al comercio ilegal.
Este proyecto que contempla la existencia de dispensarios o “coffee shops” y sitios autorizados por el gobierno para la comercialización, establece cargas tributarias –como hoy se hace para el tabaco y el alcohol con que se financia la salud en los departamentos-; que el 50% de los recursos del impuesto (…) se destine a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas; un 25% para la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible y un 25% restante para los gastos de la implementación de la ley y el funcionamiento del Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis (ICORECA) que se crearía para dicho fin.
Por supuesto que el proyecto suscita posturas contrarias y ruboriza a muchos sectores como generó en su momento que la gente consumiera cigarrillos o alcohol y que llevó en muchos países –tras sus muertos, su prohibición y su ineficacia- a una despenalización, legalización y regulación estatal –no manejar en estado de embriaguez, por ejemplo-, que alteraron el comercio ilegal y a sus mafias.
Resulta relevante que congresistas de los partidos Liberal, Alianza Verde, Cambio Radical y de la Lista de los Decentes: Juan Carlos Lozada, Juan Fernando Reyes, César Lorduy, Andrés Calle, Alfredo Deluque, Katherine Miranda, Juanita Goebertus, Alejandro Vega, Ciro Fernández, Harry González, David Racero, Mauricio Toro, Catalina Ortiz, Jairo Cristo, Fabio Arroyave e Inti Asprilla respalden este proyecto al reconocer el valor de la libertad y autonomía personales y como una clara voluntad no discursiva de alterar de manera contundente las dinámicas de la violencia.
Es hora de pasar la página y entender que los usos medicinal, científico y recreativo del cannabis son una oportunidad para reescribir la historia de violencia de nuestro país y superar la criminalización que nos impide pensarnos como un país viable y diferente.
Es necesario superar esa doble moral que todavía prefiere que haya muertes, corrupción y traficantes ricos que amenazan y destruyen la institucionalidad, antes que permitir que existan consumidores recreativos regulados o enfermos bajo tratamiento médico con cannabis como debiera ocurrir en un país que se anhela civilizado.
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