Diversas conjeturas se tejieron alrededor del legendario 21 de noviembre de 2019 en Colombia, todo cimentado entorno a lo acaecido en Chile, Ecuador y Bolivia en los últimos días. Latinoamérica atraviesa una compleja situación social que toma vías de hecho y no solo se traslada a la protesta en vía pública, sino que plantea serios cuestionamientos sobre el ‘statu quo’ del estamento gubernamental.
El llamamiento nacional de salir a las calles por parte de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, artísticas, entre otras, se basó en una serie de inconformismos que, fundamentados o infundados, giran en torno a una reforma pensional y laboral, la falta de recursos para la educación, el asesinato de indígenas y líderes sociales, entre otros factores. Detonante acumulado, y recurrente de los últimos jueves, que estalló en las manos de la administración de Iván Duque Márquez quien, con culpa o sin ella, asume las consecuencias de muchos años de desatención al clamor popular, una distribución equitativa y justa de las cargas sociales.
La confrontación ideológica, los delirios de persecución, la polarización política, la carencia de imparcialidad y objetividad por parte de los actores en los medios de comunicación, sumado a las cadenas de ‘fake news’ de las redes sociales y las plataformas de comunicación interpersonal, como WhatsApp, encendieron las alarmas e hicieron pensar que se podría replicar en Colombia la desestabilización democrática latinoamericana. Revivir algo similar a lo acontecido, en el territorio nacional, el 9 de abril de 1948 o el paro nacional del 13 de septiembre de 1977, escenario en el que confluyeron intereses y desacuerdos que propiciaron el caos e insurrección del entramado social colombiano.
Cóctel inédito de hechos que, al mejor estilo del Estado de Sitio de Alfonso López Michelsen en 1976; el Estatuto de Seguridad de Julio Cesar Turbay en 1978; la leyenda del Cantón Norte del Ejercito o el F2 de la Policía en la década de los 80; el DAS de los años 80 y 90, llenó de zozobra el imaginario colectivo que atónito observó cómo en los últimos días se militarizaron la calles, se cerraron las fronteras, se persiguió la libertad de prensa alternativa y se expidió el Decreto 2.087 para hacer frente al paro nacional. Medidas tendientes a preservar la seguridad, convivencia y normalidad pública que advertían la intención estatal de recurrir a la fuerza, en caso de ser necesario, para mantener el orden democrático.
Toque de queda, ley seca, restricción al porte de armas, revestimiento a la institucionalidad de la fuerza pública, protocolos de seguridad, limitación a la circulación en vías y lugares públicos, afloraron como instrumento y medidas a emplear para hacer frente a la criminalidad y el delito bajo un principio de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Cortapisa a la libre expresión de las aspiraciones sociales que distancia las acciones de hecho de las expresiones verbales, manifestación de las diferencias que bajo la coherencia de pensamiento y percepción acepta la postura del otro y la convivencia pacífica con el reconocimiento de problemas que han envejecido mal a lo largo de la historia colombiana, como lo dijo el presidente, Iván Duque Márquez, en su alocución del miércoles en la noche.
Escucha atenta de reclamos válidos de la masa protestante que plantea, al gobierno, serios desafíos que piden encontrar alternativas inmediatas a las necesidades del pueblo colombiano. Importante número de ciudadanos que dejaron sus miedos y temores de lado y salieron a la calle a alzar su voz, agitación social basada en verdades a medias y discursos incendiarios de caudillos, en medios de comunicación y redes sociales, que buscan desbordar la tranquilidad del grueso de la población colombiana.
Confrontación ideológica al límite de los derechos constitucionales que aviva odios y rencillas entre los extremos políticos, los actores del conflicto armado, que hoy fungen como víctimas, y aquellos que desde la indiferencia se sienten coartados en su libertad de acción y locomoción.
Ejercicio de la protesta que es aprovechado por revoltosos encapuchados que irrumpen la tranquilidad y no dejan pasar por alto acciones de hecho que desvirtúan el verdadero sentido de la protesta. Bloqueo de vías, desviación de rutas de la protesta, ataques al transporte, vandalización al comercio, destrucción de los bienes públicos llaman a la intervención de la Policía, el ESMAD y el Ejercito, fuerzas especiales seriamente cuestionadas, por su extralimitación de funciones esta semana, cuando se develaron “convenientes” persecuciones contra grupos sociales y medios de comunicación alternativos.
Crazo error de procedimiento que deja en entredicho el proceder del estado y sus estamentos para imponer el orden alterado por vándalos infiltrados; frontera de límites que sobrepasa el vigilar y garantizar la seguridad nacional bajo el amparo del seguimiento, atención y prevención de lo que se preveía podría llegar a pasar en mayores proporciones y sucedió en hechos puntuales que llevaron al toque de queda en Cali y represiones importantes en la Plaza de Bolívar en Bogotá y otras zonas del territorio nacional.
Candente entorno en el que desde el púlpito docente más que enseñar a observar, cuestionar y confrontar la realidad, desde los argumentos y las propuestas, se adoctrina en corrientes ideológicas, se llama a la protesta y se alienta el espíritu reaccionario de líderes estudiantiles a la calentura del momento.
Jóvenes que desde la desinformación son incapaces de detectar que los usan con fines políticos para seguir polarizando el país, caen en el juego del pánico colectivo que generan las opiniones y pasiones de las corrientes ideológicas de extremo que buscan exacerbar las ansias de exigir que el estado proporcione todo sin trabajar para ello. Activismo desde el que este 21 de noviembre resistieron ante panfletos amenazantes que querían intimidar su movilización, vinculándolos no solo con renombrados políticos del país, sino con grupos guerrilleros y milicianos.
Llegó el momento de superar el ambiente hostil de miedo y censura que gira entorno a la protesta social, escuchar el clamor del colectivo nacional que, distante a los desadaptados violentos que se infiltran en la protesta, pide estructurar un pacto político por Colombia que permita la reconstrucción del núcleo social colombiano. La tensión y división que se vivió previo a la marcha y el ‘cacerolazo’, de la noche de este 21 de noviembre, llaman a establecer de manera concertada, alejada de las influencias extranjeras, las reformas que son necesarias para la viabilidad institucional que guía los destinos económicos y sociales del país.
A Colombia la hacen los colombianos y son todos unidos los llamados a trabajar y dialogar con argumentos, construir país desde las diferencias y el respeto por los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes que se tienen en el ejercicio de la ciudadanía. Reconstrucción de una nación en el marco del posconflicto. Más que pedir la renuncia de un mandatario, por pasivo e incompetente que sea, es con el voto y el saber elegir que se superará la desfinanciación estatal, la corrupción y el sinnúmero de flagelos que aquejan a una sociedad que sucumbe ante los errores del pasado por negarse a reconocer su historia y el legado que deja el conflicto más antiguo del continente.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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