¿En qué momento un grupo armado organizado (que es el rótulo que no le gusta) como el Eln llegó a niveles de darle ultimátum al Gobierno de Colombia y mostrarle simultáneamente los dientes con un paro armado en el Chocó por interminables nueve días? El envalentonamiento de esta organización ilegal es producto de su crecimiento —previsto desde cuando el grueso de las Farc dejó las armas, lo cual la puso en curso de ocupar el nada digno lugar de ser el grupo armado más grande de Colombia— y del fortalecimiento de su retaguardia estratégica en Venezuela.
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Cada vez está más distante y luce más lejos de la realidad esa promesa de campaña del hoy presidente Gustavo Petro según la cual, si llegaba a la Casa de Nariño, desmovilizaría al Eln en cuestión de meses. “A los tres meses de ser presidente, se acaba el Eln en Colombia porque hace la paz”, dijo el entonces candidato. Después de dos años de administración, el mandatario sí logró sentar a esa guerrilla en una mesa de diálogos y pactar un cese al fuego bilateral, nacional y temporal, quizás el más extenso hasta ahora firmado con ese grupo alzado en armas. Nada más.
Esa ventana de aparente paz entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024 la extendió el Gobierno por otros seis meses, hasta el 3 de agosto de 2024. La mesa de negociación entró en crisis, pues las dos partes no celebran ciclos de diálogos desde comienzos de año, aunque sí hubo reuniones y hasta firmaron el primer punto de la agenda de paz. En medio de esas circunstancias, el cese al fuego no se prolongó porque el Eln puso como condición que el Gobierno Nacional lo sacara de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). Un imposible.
Sin embargo, el jefe del Eln, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, dijo que esa guerrilla haría una “extensión técnica” del cese al fuego hasta este viernes 23 de agosto “para que se cumpla el acuerdo de sacar” a su organización de la lista de los GAO. Anunció también que, si eso no ocurre, “la mesa de negociación no sólo se congelará sino que, es posible, que se levanten, fracturando el tronco central de la Paz Total”. ¿Un chantaje?
Al mismo tiempo, el Eln ejecutó una amenaza armada (llamada por ellos “paro armado”) en el Chocó durante nueve días que, según la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba Curí, confinó a 50.000 personas, afectó a 38 instituciones educativas y perjudicó a 22.000 estudiantes, además de alterar otros servicios como actividades comerciales, abastecimiento de alimentos y atención de salud.
El Eln ‘agradeció’ a la población “haber acatado la orden” y atribuyó la agresión con que conculcó varios derechos humanos de los chocoanos al “abandono estatal, con el incumplimiento de las responsabilidades sociales y por la falta de voluntad política para brindar a las comunidades condiciones de vida”. La procacidad de esa guerrilla quedó plasmada en otro aparte de su comunicado: “Es entendible que sientan temor por sus vidas, pero es la única manera de ayudar a desenmascarar y a exponer al país el accionar criminal del Estado”.
¿Es eso, más los ataques a la fuerza pública, el incremento de reclutamiento de menores y los secuestros extorsivos —que el Eln llama eufemísticamente ‘retenciones económicas’—, lo que vendrá para Colombia si el Gobierno de Petro no saca a esa organización delincuencial de la lista de GAO? Pues el panorama resulta desolador a juzgar por lo que ha expuesto el comisionado de paz, Otty Patiño, a quien el Eln acusa de recibir “directrices de los Estados Unidos y las FF. MM.”.
Patiño advirtió que la solicitud del Eln implicaría presentar una ley en el Congreso, pero este no es el momento, pues “no hay ambiente favorable para eso”. Para el comisionado de paz, “es suficiente lo que ya se ha hecho” con considerar al Eln “un GAO al margen de la ley, que es, de alguna manera, lo que lo caracteriza como un actor político”.
Lo que se puede inferir a partir de lo afirmado por alias ‘Antonio García’ en X (“El tiempo sigue corriendo y nada que el Gobierno de @petrogustavo responde si va a sacar al ELN de la lista de los Gaos, tal como se acordó. Es un acuerdo sencillo, ¿qué sucederá con acuerdos más de fondo? ¡Qué peligro!”) es que el Gobierno del presidente Petro ofreció algo que no podía llevar a cabo (como cuando prometió que desmovilizaría a esa guerrilla en tres meses si llegaba a la presidencia) y ahora le exigen que honre su palabra.
Pero, por lo menos en el corto plazo, no la podrá cumplir, lo que implica un nuevo revés para su política de “paz total” y el riesgo de que el país entre en una nueva espiral de violencia por cuenta de un envalentonado Eln que, con el Gobierno del presidente Petro, ha encontrado circunstancias favorables para sus intereses, pues ha incrementado su pie de fuerza y ha ampliado las regiones donde delinque y ejerce un criminal control social.
Como están hoy las cosas, cobra vigencia la tesis que planteó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advirtió a comienzos de este año que “el escenario […] está más bien determinado por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno. Los ceses al fuego —que han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz— han jugado en favor de este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del Estado en las zonas más vulnerables del país”.
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