La toma de las Farc al corregimiento Puerto Saldaña, de Rioblanco, a principios de 2000, es un caso emblemático del accionar violento de esa organización, no solo en el Tolima, sino en Colombia, ya que provocó uno de los desplazamientos forzados más grandes perpetrado por esa guerrilla en el país y dio lugar al vaciamiento de todos los habitantes del centro poblado y de las veredas cercanas.

Por tratarse de un caso tan significativo, la corporación Opción Legal, con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), elaboró un informe sobre los factores que llevaron a la toma, así como los impactos y daños colectivos. El documento será entregado en Chaparral a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 21 de abril.

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El sur del Tolima es una subregión que si bien no está priorizada territorialmente por la JEP, es de gran importancia como territorio histórico de la guerrilla de las Farc y de gran valor en el marco del conflicto, porque allí se configuraron distintos elementos y factores del accionar de esa guerrilla que después ocurrieron en muchas otras zonas del país.

 

En ese sentido, la toma se considera representativa porque hizo parte de una secuencia de 11 tomas y 29 masacres ejecutadas por las Farc entre 1998 y 2001, en el sur del Tolima, con las que pretendían expandir su control territorial y poblacional, y consolidar un corredor de movilidad desde la zona de distensión y el páramo de Sumapaz hacia el Pacífico colombiano.

El informe, llamado ‘Desplazamiento forzado en la cuna de las Farc, toma guerrillera de Puerto Saldaña’, cuenta que ese ataque fue la acción armada de mayor envergadura ejecutada por esa guerrilla en la zona, pues lograron expulsar a los paramilitares del sur del Tolima, con quienes se disputaban el control del territorio.

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En este hecho, como en muchas de las acciones de esta guerrilla y de los paramilitares, se atacó a los habitantes de territorios, que eran controlados por otros actores armados, en una clara violación del principio de distinción establecido en el Derecho Internacional Humanitario, refiere el informe.

El documento señala que la responsabilidad de los hechos podría endilgarse a altos mandos de las Farc y, además de los homicidios y la destrucción de bienes civiles, considera que se produjo el delito de desplazamiento forzado. También indican que existe información para que la JEP investigue y sancione la eventual responsabilidad del mando de la fuerza pública, por violación del deber de protección.

Así fue la toma

Entre el 1 y el 28 de abril de 2000, las Farc atacaron Puerto Saldaña con la participación directa de entre 450 y 600 guerrilleros, pertenecientes en su mayoría al Frente 21.

Durante casi un mes los insurgentes ejecutaron una acción militar intermitente a gran escala: dieron muerte a veintisiete personas, destruyeron la escuela, el puesto de salud, las iglesias y decenas de viviendas.

La toma guerrillera fue planeada y aprobada en enero de 2000 por todos los comandantes de los frentes de las Farc, quienes se reunieron en un sitio denominado La Hacienda, en el corregimiento Gaitania, en Planadas.

La operación fue catalogada como primordial y de importancia estratégica para su proceso de expansión: por un lado, como corredor eficaz y estratégico de movilidad y, por el otro, como propósito de arrasar el que consideraban el principal asentamiento de los paramilitares en la región.

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La primera parte del ataque guerrillero ocurrió entre el 1 y 2 de abril de 2000. Comenzó a primera hora de la mañana, en la alborada, hacia las cinco y media de la mañana, con hostigamientos desde los alrededores del casco urbano, consistentes en ráfagas, bombas racimo de aproximadamente quinientas libras y más de dieciocho cilindros de gas cargados con dinamita y lanzados sobre el poblado.

La mayoría de los cilindros fueron lanzados desde los filos de las montañas y cayeron alrededor del pueblo y en el río. Entre uno y otro había un lapso aproximado de media hora en la que los disparos no cesaban. Mientras todo ocurría, los habitantes de Puerto Saldaña se ocultaron atentos en sus viviendas. Entretanto, los retenes sobre las vías de acceso a Puerto Saldaña se mantuvieron.

La noche del 2 de abril entraron refuerzos del Ejército con un avión fantasma que bombardeó los alrededores de Puerto Saldaña que debilitaron a la guerrilla y permitió que arribaran alrededor de nueve helicópteros con cerca de doscientos soldados. Por la fuerte presencia militar y el bombardeo, la guerrilla se replegó hacia las afueras de Puerto Saldaña en veredas contiguas. Sin embargo, el Ejército y la Policía abandonaron a los pobladores.

Como la orden del Secretariado de las Farc era recuperar el sector a como diera lugar, tres semanas después, el 25 de abril de 2000, los guerrilleros desplegaron un plan envolvente para contener la salida de los paramilitares. Así ocuparon las veredas El Edén, San Isidro, El Placer, Alto Bonito y El Cambrín. Entre el 25 y 28 de abril de 2000, e incluso días después, en las veredas aledañas a Puerto Saldaña la guerrilla asesinó múltiples personas con armas blancas con el fin de no hacer ruido con las armas de fuego. La incursión guerrillera concluyó con la ejecución de varias personas.

Las actuaciones de las Farc se prolongaron durante todo abril y por lo menos hasta el 8 de mayo, impidiendo a los pobladores movilizarse para realizar las honras fúnebres de las víctimas mortales. Los ataques dejaron arrasado el corregimiento.

La toma, además de la muerte de 33 personas al margen del conflicto, causó un desplazamiento masivo de miles de personas, llevando a que en 2000 Rioblanco llegara a 6.158 personas desplazadas. En este orden de ideas, es un caso que ilustra los impactos de las tomas guerrilleras como generadoras de desplazamiento forzado, abandono de tierras y vaciamiento territorial en esa subregión y a nivel nacional.

Entre 2000 y 2012, Puerto Saldaña estuvo abandonado. De hecho, aún a la fecha no puede hablarse del retorno del estado de normalidad anterior a los hechos que lo provocaron.

Daños

En las tomas guerrilleras del sur del Tolima, además de atentar contra la vida de aquellos que habían declarado objetivos militares y sus casas, se solía dejar inutilizable la infraestructura de las instituciones de congregación y acceso a servicios de la comunidad. Este fue otro de los factores que atentó contra el tejido social de la región y hacía aún más difícil quedarse a vivir allí después de los operativos guerrilleros.

De acuerdo con los registros de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), solo en 2000 el desplazamiento forzado afectó a 9.785 personas en Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco. Y si se amplía el rango al periodo comprendido entre 1997 y 2003, las cifras de la Uariv reportan el desplazamiento forzado de 34.892 personas en los mismos cuatro municipios.

Aparte de los daños físicos y psicológicos por los que pasaron las víctimas del conflicto en el sur, la pérdida del tejido social y de la vida colectiva de las comunidades a las que pertenecen, incluyendo las fiestas populares, así como la dinámica económica de la zona, se tradujo en el empobrecimiento de sus pobladores.

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Caso similar ocurre con las tierras de las que fueron despojados. Entre 2012 y enero de 2013, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió 2.518 solicitudes de restitución de tierras en el Tolima, lo que ubica al departamento como el cuarto con mayor número de solicitudes a nivel nacional. 

Aunque es uno de los que mayor número de solicitudes presenta, no se ha ubicado entre aquellos que mayor número de hectáreas reclama. Las 82.805 hectáreas que han sido reintegradas a las víctimas reclamantes apenas ubican al departamento como el noveno del país en términos de áreas restituidas.

Dato

 

La toma guerrillera de Puerto Saldaña ilustra el patrón de medios y métodos ilícitos de guerra, toda vez que ejemplifica las grandes tomas guerrilleras ocurridas en el país entre 1998 y el 2001 que fueron una práctica armada primordial para el avance territorial de las Farc.

Redacción Política / EL NUEVO DÍA