Hace casi seis años que la Corte Constitucional les notificó a las organizaciones chocoanas que su río, el Atrato, estaba reconocido como sujeto de derechos a “la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. Lo hizo tras fallar una demanda que buscaba parar la explotación indiscriminada del afluente, y en ese momento la reacción fue de celebración.
“Si yo por el solo hecho de estar viva tengo derechos, el río que está vivo y nos da la vida, ¿cómo no va a tener derechos?”, dijo entonces una lideresa del Bajo Atrato, según recuerda Viviana González, abogada de la organización Siembra representante de las organizaciones accionantes de la demanda. Y lo cierto es que, a pesar de que la Sentencia T-622 de 2016 dio órdenes que debían cumplirse en plazos de entre un mes y dos años, esto resultó imposible. La sentencia ha avanzado, pero a paso lento.
La decisión jurídica tuvo un impacto enorme, pues el río Atrato es uno de los tres más importantes del Chocó. A él está atada la vida de decenas de comunidades de los 15 municipios que atraviesa su cuenca y de quienes consumen alimentos que se hallan en sus aguas. Pero los daños en el río causados por la minería, las basuras y la tala de árboles afectan significativamente la vida de estas personas. La Sentencia T-622 de 2016, sin embargo, es el instrumento clave de los líderes ambientales. “Estamos luchando por la recuperación de nuestros ríos, por la recuperación de los recursos naturales y por su defensa”, dice Ramón Cartagena, guardián del río Atrato en El Carmen.
La Corte reconoció “la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes”, y por esto dio varias órdenes.
Entre esas: formular y ejecutar un plan para descontaminar el río y sus afluentes; erradicar la minería ilegal; diseñar e implementar un plan para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación y realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades. Quedaron vinculados los ministerios de Medio Ambiente, como guardián del río a nivel estatal, de Defensa y de Agricultura. Además, las comunidades conformaron un cuerpo colegiado de 14 guardianes que participan de cada acción.
En El Carmen de Atrato, donde nace el río, hay dos guardianes: Ramón Cartagena, coordinador de la Mesa Social y Ambiental, y Claudia Domicó, líder de la comunidad indígena El Abejero. Ellos se han capacitado en prácticas para no contaminar. De otro lado, la comunidad ya recibió y validó el plan para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, presentado por el Ministerio de Agricultura, y está en proceso de continuar con la Audiencia Pública Ambiental a la empresa minera Miner S.A. Pero sanar el río, que es el objetivo central, todavía está muy lejos. “Si yo comparo el río ahora con como era cinco años atrás, veo que las afectaciones que se le están haciendo son iguales o peores”, dice Cartagena.
Veinte años para descontaminar el río
En el quinto punto de la parte resolutiva, la sentencia ordenó la descontaminación del río en tres aspectos: restablecer el cauce del río Atrato, eliminar los bancos de área formados por las actividades mineras y reforestar de zonas afectadas por minería legal e ilegal. Para esto el Ministerio de Medio Ambiente, junto a las comunidades, efectivamente formularon el plan.
Fabián Caicedo, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Minambiente, explica que el documento se firmó en diciembre de 2019 y contempla acciones a 20 años. “Eso parece mucho, pero cuando hablas de saneamiento básico de una cuenca y de la recuperación de ecosistemas degradados con ese alto impacto, no es mucho. Eso lo entendieron las comunidades”. Las acciones se planearon en tres plazos: corto, mediano y largo.
Viviana González, abogada de Siembra, asegura que este plan fue amplio, pero faltó mayor participación de las comunidades indígenas. “Se requiere profundizar hacia adelante en temas de proporción como en los límites que hay por idioma, distancia y otros factores”.
En criterio de Caicedo, en esta primera fase, hay “unos resultados interesantes en Río Quito, donde está la mayor extracción ilícita de mineral, ese ecocidio que se hace allá lo tenemos identificado, ya tenemos 1.200 muestras tanto en agua como en sedimento. Tenemos un protocolo de intervención, porque tenemos que tener conocimiento de lo que había, dónde había y cómo manejarlo”. El funcionario dice que esa primera fase que es de diagnóstico y planeación debía durar seis años, pero la van a reducir a cuatro. Es decir, el próximo año ya debe finalizar.
La abogada González explica que el plan contempla acciones de intervención ambiental, pero también de educación ambiental, gobernanza y gestión de la información. En El Carmen se ha avanzado más en estas últimas acciones. Precisamente en abril de este año los guardianes se capacitaron en temas relacionados con la descontaminación del agua, como la producción de abonos orgánicos, la producción agropecuaria sostenible, la restauración del territorio y la medición y el monitoreo de aguas.
La guardiana Claudia Domicó le dijo a Consonante que era clave trabajar en la autosostenibilidad, pues “ahora dependemos de las empresas de minería y otras donde se presentan contaminaciones y se ha descuidado la protección de la naturaleza”. Entre las prioridades del territorio está el monitoreo de las cuencas de los ríos Habita y Atrato para medir factores de contaminación por mercurio y otros metales.
Además, el municipio de El Carmen de Atrato es, según el noveno Informe del Comité de Seguimiento a la implementación de la sentencia, uno de los pocos que rinden cuentas sobre lo que han hecho. El informe de junio reportó acciones como limpieza y saneamiento de ríos y quebradas, reforestación en algunos puntos, monitoreo de “sitios críticos que amenazan con generar riesgo” y limpieza de drenajes del camino que comunica desde la comunidad indígena la Puria hasta la vereda Guaduas. Para los líderes estas acciones son insuficientes. Ramón Cartagena señala que hay tres problemas que siguen afectando al río: la ganadería, la deforestación y el accionar de la Minera El Roble.
Erradicar la minería ilegal: más que intervenciones militares
En el sexto punto de la parte resolutiva, la sentencia ordena erradicar la minería ilegal. El encargado de cumplir esta orden es el Ministerio de Defensa, que se encarga de hacer operativos para desmantelar la maquinaria minera. Según este ministerio, durante el segundo semestre de 2022, intervino 28 minas, para un total de 255 intervenidas desde 2019. Además, el MinDefensa asegura “a la fecha el consolidado de 1.372.300 hectáreas libres de minería en los siguientes municipios: Bojayá, Carmen de Atrato, Murindó,Turbo, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí y, Urrao”.
Sin embargo, estas actividades han sido duramente cuestionadas por las organizaciones, pues consideran que no atacan el problema de fondo de la minería ilegal. Por un lado, las organizaciones territoriales afirman que cuando el ministerio dinamita una draga, simplemente los mineros la reponen, y, por el otro, las acciones para desmantelar los grupos armados relacionados con esta actividad son insuficientes, además de que las causas del fenómeno, como la pobreza y la falta de empleo, persisten. Para organizaciones como la Federación de Mineros del Chocó, las acciones deberían estar enfocadas a la legalización de la minería existente y la formación en buenas prácticas para no contaminar.
La Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, que le ha hecho seguimiento a esta sentencia, señala la importancia de que el Mindefensa se “distancie de la idea de la militarización como única acción o acción de mayor importancia”. Es decir, se requiere de acciones de intervención social. El ministerio, por su parte, dice que para eliminar “el factor tensionante” que ha causado la intervención militar, se ha reunido con diferentes actores y desarrolló un protocolo de intervenciones. Los avances, sin embargo, son insuficientes. En El Carmen se tiene conocimiento de minas ilegales en el sector conocido como La Trocha sobre las que no ha habido ningún tipo de acción. Al respecto, Ramón Cartagena indica que “ellos (los mineros) están con la tarea de formalizarse, de buscar apoyo de esa misma institucionalidad para volverse ya una empresa legalmente constituida”. Mientras tanto, las minas siguen operando sin permiso.
“Se necesita que el Ministerio de Defensa se distancie de la idea de la militarización como única acción o acción de mayor importancia”: Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.
El plan para recuperar formas de subsistencia… desfinanciado
La sentencia reconoce que también se han afectado las formas tradicionales de subsistencia y la alimentación de las comunidades. Por esto, el Ministerio de Agricultura tenía la tarea de formular e implementar un plan para recuperar lo perdido “en el marco del concepto de etnodesarrollo que aseguren mínimos de seguridad alimentaria en la zona, que han dejado de realizarse por la contaminación de las aguas del río Atrato y por el desarrollo intensivo de la actividad minera ilegal”.
En El Carmen de Atrato este plan fue presentado apenas en septiembre del año pasado y suscitó una discusión importante: ¿cuáles comunidades étnicas deben tenerse en cuenta en un territorio tan diverso? En esa ocasión los líderes expresaron la necesidad de enfocar el plan a las comunidades indígenas y afros, como estaba contemplado por el Ministerio, pero también a la población mestiza o campesina, que es la mayoría en este territorio considerado “triétnico”.
Finalmente, el Ministerio y la comunidad llegaron a un acuerdo y definieron las sublíneas de acción aplicables al municipio. Estas son diez, e incluyen temas como infraestructura de apoyo a la producción, aprovechamiento de especies y otros productos no maderables del bosque, turismo científico, cultural y de naturaleza, acuicultura y pesca artesanal, minería social y ambientalmente responsable, ganadería responsable, entre otras.
Sin embargo, la implementación de este plan requiere plata y, según el noveno informe de la Comisión de Seguimiento, estos recursos no están asegurados y, por el lado del Ministerio, son pocos y no se han priorizado. Para Ramón Cartagena, ahí está la clave: “lo que necesitamos es que aparezcan los recursos, que aparezcan los hechos, para que podamos decir: hombre, esta sentencia es seria y ahora sí nos están cumpliendo”.
Estudios toxicológicos, aún sin resultados
La sentencia también ordenó la realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos, en cabeza del MinAmbiente, MinSalud y del Instituto Nacional de Salud (INS), los cuáles no debían tardar más de nueve meses. Esto no pasó. Estas entidades hicieron un convenio con la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica del Chocó que, inicialmente, debía terminar en agosto de 2021, pero fue extendido hasta agosto de 2022. Así que aún no hay resultados. Es decir, si los resultados llegan en las próximas semanas, los responsables ya tienen más de cuatro años de tardanza.
Por otro lado, en 2019 Corpourabá y Codechocó tomaron muestras de 75 estaciones de agua superficial y 40 estaciones de sedimentos, pero, como lo concluye el Comité de seguimiento de la sentencia, “se está en mora de contar con un diagnóstico integral de los tóxicos que se encuentran en la cuenca del río Atrato (…) y permita evaluar, a futuro, el impacto de las acciones que se emprendan en la descontaminación y remoción de los bancos de arena”.
¿Qué hace falta?
Según todas las fuentes consultadas por Consonante para este artículo, la implementación de esta sentencia presenta, apenas, unos avances parciales que ni siquiera se pueden medir en porcentajes. Precisamente establecer indicadores fue una recomendación del comité de seguimiento.
Pero más allá de eso, hay factores que han impedido que la sentencia se cumpla. El primero es la plata: hacen falta recursos. Fabián Caicedo, director de Recurso Hídrico del Minambiente, lo dice claramente. “Somos unos de los ministerios con menores recursos por parte del Estado y ningún ministerio estaba preparado para afrontar esta sentencia”, dice.
Por esto, todas las entidades han hecho convenios y alianzas para financiar las acciones. “Cada quien tiene que poner lo suyo. Sabemos que hay municipios de quinta y sexta categoría, pero tienen que buscar otros fondos de inversión”, agrega Caicedo.
En El Carmen de Atrato, aunque la Alcaldía presenta regularmente los informes de acciones de cumplimiento de la sentencia, estos se limitan a acciones muy pequeñas. Consonante revisó el Plan de Acción de 2022 del municipio y solo encontró dos actividades relacionadas con el medioambiente, pero enfocadas a la sentencia: “Desarrollar jornada de educación en salud ambiental, separación de residuos para el cuidado de las fuentes hídricas, disposición de residuos comunes y reciclaje”, así como la realización de programas radiales sobre estos temas.
A esto se suman otros factores. Desde la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) indican que hay al menos tres problemas:
- “La violencia sistemática que sigue existiendo en el territorio además de la extracción ilícita de recursos naturales en el sector, algo que ha complicado el cumplimiento de lo ordenado por la Corte”.
- “Problemas en la articulación entre las entidades y organizaciones”.
- “Existen grandes vacíos y barreras en el acceso a la información sobre todo en lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas y se ha percibido una falta de voluntad política”.
Una luz en el horizonte
El mandato presidencial de Gustavo Petro tiene en la cartera de Medio Ambiente a Susana Muhamad. Ella se ha opuesto públicamente a prácticas como el ‘fracking’ y las aspersiones con glifosato. Además, el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez incluyeron en su programa de gobierno acciones para impactar la justicia ambiental, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente de la mano de las comunidades. Esto ha despertado esperanza en los líderes. “Tenemos una fe muy grande en este nuevo gobierno”, dice Cartagena.
Sin embargo, los retos son grandes: financiación, el trabajo con las comunidades y un plan que reconozca los derechos bioculturales. “Si una sentencia no tiene recursos, básicamente es imposible marchar, se requiere que el gobierno le inyecte más recursos a esto porque sin plata, olvidémonos, aquí no va a pasar nada”, dice Cartagena.
“Si una sentencia no tiene recursos, básicamente es imposible marchar, se requiere que el gobierno le inyecte más recursos a esto porque sin plata, olvidémonos, aquí no va a pasar nada”: Ramón Cartagena, guardián del río Atrato.
Además, el gobierno debe estar muy presente. El director Caicedo sostiene que “el gran reto es que se asuma la representación legal. Con el nuevo gobierno parece que se trabajará más con las comunidades, así que es posible que el relacionamiento sea más profundo. Hay que involucrar más a las comunidades, más allá de los guardianes”.
La MASP destaca uno más: “realizar un enfoque dentro del Plan de Desarrollo que le dé relevancia a los derechos bioculturales y de la naturaleza, ambos aspectos de vital importancia dentro del cumplimiento de la sentencia”, es decir, planear en concordancia con el espíritu de la sentencia.
La implementación de esta sentencia es una oportunidad para que el gobierno entrante demuestre su compromiso con las comunidades más afectadas por la explotación de minerales y la contaminación. Lo que pase con el río Atrato será un buen termómetro de su responsabilidad con el cuidado de los territorios y su defensa de los derechos bioculturales.
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