La decisión la tomaron en una reunión entre la presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, según detallaron en un comunicado conjunto.
En la reunión trataron las labores que les corresponde a cada entidad y determinaron que las investigaciones y trabajos judiciales de la Fiscalía no representan una pérdida de los beneficios adquiridos por las personas que se han acogido a la JEP.
Asimismo, acordaron que, previo acuerdo, “se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la Jurisdicción, para analizar y facilitar la entrega de información requerida para los distintos casos”.
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También llegaron al convenio de que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, la Fiscalía asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas.
Además y con el ánimo de contribuir en el suministro de toda la información relevante para que la JEP realice sus funciones que le corresponden, la Fiscalía ratificó su compromiso de entregar 17 informes descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya ha entregado nueve.
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