Fajardo Hernández se desempeñaba como segundo comandante del Ejército Nacional, y en su reemplazo fue nombrado el general Mario Augusto Valencia, jefe de operaciones conjuntas.

Este oficial había solicitado vacaciones, hace dos semanas, luego de que la revista Semana revelara que lo estaban investigando, pues según declaraciones de “varios militares” que trabajaron con él y otros de confianza el uniformado, presuntamente, los obligaba a sacar dineros de la institución de manera irregular para costear “gastos personales y viajes de su familia al exterior”.

“El general me decía: ‘hermano, me voy pa’ Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos’ (….) Uno lo piensa, hp, bueno, y busque y haga papeles para legalizar esa mierda. ‘Hermano, que mi señora se va para Estados Unidos y necesita un millón de pesos y asignarle un hp carro por allá, para que ande con los hijos’, en no sé dónde, en Orlando creo que era. Bueno, corra hp a buscar esa mierda”, dijo ante investigadores de la Fiscalía y la Procuraduría un militar que trabajó con el general Fajardo, declaración que recogió Semana.

El declarante aseguró que estas y otras irregularidades se presentaron cuando Fajardo estuvo al frente del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), cargo que ocupó entre 2016 y diciembre de 2017.

El periodista Daniel Coronell también denunció supuestos favores del general Fajardo con el procurador Eduardo Campo y su familia, preciso cuando el funcionario lo venía investigando por actos de corrupción.

“El general Fajardo no encontró inconveniente en poner la aeronave  (un helicóptero Black Hawk) al servicio del procurador que hace un tiempo le archivó –provisionalmente– una investigación por ‘actos de corrupción cometidos por el coronel Adelmo Fajardo, comandante de la Brigada 14, por mal uso y destinación de bienes del Estado’, de acuerdo con los registros de la entidad. (…) El procurador Campo reconoció que en su despacho cursan dos investigaciones –por presunto homicidio y nexos con paramilitares– contra el general Fajardo”, advirtió Coronell en una columna de enero de 2014, titulada ‘Un día de campo’.

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Semana dice que aunque le envió un cuestionario con varias preguntas sobre lo que de él decían otros militares, Fajardo no dio respuesta. A los pocos días, el pasado 9 de julio, el mismo ministro Botero confirmó que el alto oficial había pedido vacaciones “para preparar su defensa”.

Otro de los militares ‘descabezados’ y que fue llamado a calificar servicios es el general Juan Vicente Trujillo Muñoz, comandante de la división de aviación y asalto aéreo del Ejército. Su cargo lo asumirá el general Jaime Agustín Carvajal, que ejercía como director de la Escuela Superior de Guerra, según dio a conocer Botero en Twitter.

En cuanto a Trujillo Muñoz, Semana informó, en diciembre de 2018, que cuando el Senado aprobó su ascenso a general varios congresistas de la oposición pidieron frenarlo debido a que sobre él recaían denuncias e “investigaciones por presunto falsos positivos”.

En la lista de llamados a calificar servicios, que dio a conocer el ministro Botero, también está el nombre del general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización.

El nombre de este militar, de acuerdo con El Espectador, fue señalado en 2017 por Human Right Watch de tener investigaciones por su “presunta participación en la ejecución de dos civiles, en julio de 2004”.

El cuarto general llamado al orden es César Augusto Parra León, jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación. Si bien el ministro Botero no dio detalles de por qué llama a calificar servicios a este militar, que en varias ocasiones ha sido destacado, Semana dice que el oficial hace parte del remezón que se da luego de las investigaciones que reveló ese medio por denuncias de corrupción dentro de la institución.

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