Del presidente Gustavo Petro se pueden decir varias cosas que clasifican en la categoría de las que ocurren por primera vez en la historia de Colombia, buenas o malas. Es, por primera vez en la historia, un mandatario de izquierda; también es el primero en la historia del país al que le juzgan un hijo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y ahora será el primer jefe de Estado (de Colombia, y quizá de cualquier nación en el mundo) que acudiría a la ONU a autoincriminarse porque el Estado del que es jefe no cumple los compromisos adquiridos.
(Le interesa: ONU le pidió al Gobierno acelerar la implementación del Acuerdo de Paz)
No deja de ser llamativo imaginar al primer mandatario colombiano en ese escenario de la ONU, en donde ha pronunciado enardecidos discursos sobre el cambio climático, diciendo que el Estado que él gobierna desde hace dos años no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó con las Farc por intermedio de Juan Manuel Santos.
Seguramente, el presidente Petro ya habrá calculado las consecuencias de semejante comparecencia, aunque parece no considerar que también quedaría en evidencia un insólito reconocimiento que dejaría al descubierto la incapacidad como gobernante que tanto le endilgan sus enemigos.
Porque, al ser jefe del Estado colombiano, el presidente Petro es el primer responsable de que los compromisos del país se cumplan. Y para cuando se dé la Asamblea General de la ONU, prevista para los días 22 y 23 de septiembre próximo, el mandatario ya llevará dos años y un mes largo en el poder. Para ser más precisos, habrá cumplido 777 días en el cargo sin ejecutar nada para hacer realidad lo acordado con las Farc en 2016.
“[…] Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, dijo este martes, en la Casa de Nariño, en la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa. “¿Cuál es el problema? La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados […]”.
Después, planteó un escenario apocalíptico para Colombia, como el que pinta para el mundo cuando habla del calentamiento global. “No, ese no es el problema. El problema es que, en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamientos de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión”.
Lo primero que le pueden preguntar en la ONU al mandatario es, como presidente de Colombia, es decir, como jefe del Estado al que acusará insólitamente de su propio incumplimiento, qué ha hecho con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, de acceso a la tierra para los campesinos, de entrega de títulos, de protección de la vida de los excombatientes que dejaron las armas (en 2023, durante su Gobierno, asesinaron a 47, y este año van más de 10) y de reintegración de exguerrilleros a la vida civil.
La falta de ejecución en estos aspectos (la Unidad de Implementación ni siquiera tiene presupuesto) será aún más notoria si se considera que el presidente Petro, desde el primer día de su Gobierno, se comprometió a profundizar y llevar a cabo los acuerdos de paz con las Farc (congelados prácticamente durante la administración de Iván Duque) y a acatar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El mandatario, a finales del año pasado, ya había admitido que no se podrá implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. En la posesión de Gerardo Barbosa Castillo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que no será posible cumplir a cabalidad con lo pactado entre el gobierno de Santos y las extintas Farc por problemas estructurales que impiden, según el mandatario, garantizar que haya procesos de verdad y entrega de tierras.
Algo que le podría resultar inquietante a la Asamblea General de la ONU es que el presidente Petro, sin hacer mucho para cumplir los acuerdos con las Farc, como él mismo lo va a reconocer allá, esté intentando otros procesos de paz con grupos como las disidencias de las Farc, conformadas por un lado por quienes no quisieron firmar los acuerdos de 2016, como alias ‘Iván Mordisco’, y quienes, habiéndolos firmado, después desertaron, como alias ‘Iván Márquez’. Y que, en medio de este propósito, el orden público del país esté salido de madre.
La distancia que pretende tomar el mandatario del mismo Estado que preside es, por lo menos, insólita, si no contradictoria o acaso paradójica. Lo único que podría explicar semejante postura ante la comunidad internacional es seguir apuntalando más allá de las fronteras la narrativa de que no lo están dejando gobernar, la misma que hoy también está en la base de su iniciativa de llevar al país a modificar la Constitución del 91 mediante una constituyente.
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