La Cancillería se encuentra inmersa en una polémica que ha puesto en entredicho su transparencia en lo que respecta a la contratación para la emisión de pasaportes. La controversia ha producido la intervención de la Procuraduría General de la Nación, quien ya investiga el caso con un equipo especial, así lo ha confirmado la excanciller Laura Sarabia a través de sus redes sociales.
En el centro de la discusión, se encuentran posibles irregularidades durante el proceso de contratación para la producción de pasaportes en Colombia. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ha sido suspendido provisionalmente por la Procuraduría Disciplinaria durante un periodo de tres meses, tras indicios de graves faltas disciplinarias cometidas.
Esencialmente, se le atribuyen dos faltas: haber declarado desierto el proceso de licitación de los pasaportes sin fundamentos sólidos y firmes y proclamar la figura de urgencia manifiesta en dicho trámite contractual, sin la existencia de causales para ello, de acuerdo con la emisora.
Esta medida ha intentado reducir la posibilidad que Leyva Durán, quien lideraba el proceso para la adjudicación del contrato de pasaportes, repita tales irregularidades. Sin embargo, es pertinente señalar que José Antonio Salazar Ramírez, secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue eximido de responsabilidad y su caso archivado.
“A esta hora la Procuraduría General de la Nación hace presencia en la Cancillería en el marco de una visita administrativa relacionada con el tema de pasaportes, como parte de la vigilancia preventiva solicitada. Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos debidamente todos los requerimientos”, escribió Sarabia.
A esta hora la Procuraduría General de la Nación hace presencia en la Cancillería en el marco de una visita administrativa relacionada con el tema de pasaportes, como parte de la vigilancia preventiva solicitada. Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos…
— Laura Sarabia (@laurisarabia) July 7, 2025
Ante los hechos, la defensa del exministro ha argumentado falta de fundamentos en la decisión adoptada por la Procuraduría. Incluso, Leyva alega que no fue notificado de la suspensión a tiempo, lo que le permitió seguir cumpliendo con sus funciones durante algunas semanas, de acuerdo con el citado medio.
Al respecto de los cuestionamientos sobre los posibles retrasos en este proceso, la Cancillería le contestó a la Procuraduría y manifestó que lo que se espera es que la imprenta firme el contrato de capacitación con Portugal en septiembre y de ahí hay un plazo de al menos 35 semanas para alistar lo que se necesita con el fin de garantizar el servicio.
“Una vez la Imprenta Nacional de Colombia cuente con la capacidad técnica y tecnológica pueda asumir la producción de las libretas de pasaportes, documentos de viaje y/o etiquetas de visas mediante un contrato de suministro con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual podrá financiarse con recursos de funcionamiento”, señaló la entidad.
Para dicho ministerio público hay serias dudas sobre los tiempos en que estaría lista la transferencia de la tecnología y que los pasaportes se empiecen a producir por parte de una entidad pública y no una privada, como se venía adelantando.
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