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Escrito por:  Fredy Moreno
Editor jefe     Oct 13, 2024 - 9:17 am

Quizás el presidente Gustavo Petro tiene bien diagnosticada la fase en que se encuentra el conflicto armado del país. “No dejar prosperar la tercera violencia que ya está, la de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes”, dijo con claridad en su discurso del 20 de julio en el Congreso. Pero puede estar fallando en la manera de enfrentarla con el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y los procesos de diálogos que abrió con varias de las estructuras armadas, que aprovecharon para fortalecerse, de lo que están dando pruebas suficientes.

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El ingreso, este sábado por la mañana, del Ejército con tanquetas al corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca) —un sitio tomado por la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ desde hace años por lo estratégico para el narcotráfico— ofreció entre otras una de esas estampas de guerra con tropas decididas, penetrando en territorio enemigo detrás de los vehículos blindados y en medio del tableteo de los fusiles. Pero surgió un factor propio de esa “tercera violencia” de la que habla el presidente Petro y contra el cual las armas del Estado no se pueden dirigir.

 

Se trata de la población civil, instrumentalizada por los delincuentes armados y llevada hasta la primera línea de su formación de combate para detener a las tropas. La “tercera violencia” ya no se caracteriza por unos grupos armados que se enfrentan al Estado, sino que buscan controlar estratégicos territorios, impedir la presencia estatal y controlar a la población para adelantar sin contratiempos las actividades ilegales a las que se dedican como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión, entre otras.

Finalmente, fueron los habitantes de El Plateado los que detuvieron la operación del Ejército que buscaba recuperar completamente ese corregimiento, en el que campean los integrantes de las disidencias de las Farc. Como en otras ocasiones, en otras partes del país, los civiles rodearon a las tropas, se plantaron frente a las tanquetas y las hicieron retroceder. “Que se vayan. Retrocedan y nosotros los seguimos. Necesitamos que se devuelvan”, decían, mientras los integrantes de las disidencias huían por otra parte del pequeño casco urbano enclavado en el cañón del río Micay.

Otro acto grave en el que las disidencias quisieron instrumentalizar a los civiles fue la conducción de los militares y su agrupamiento en el parque de El Plateado. En los confusos hechos, los delincuentes lanzaron granadas desde varios drones, lo cual dejó al menos 17 personas heridas, entre militares y civiles. Los tremores de la guerra en el agitado cañón del Micay se devoraron gritos como el de la Defensoría del Pueblo que rechazó “enérgicamente” los graves hechos y exigió “el acatamiento del derecho internacional humanitario, incluidos principios de distinción, precaución y proporcionalidad. La población civil debe ser protegida”.

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Sin ningún parte que dé cuenta hasta ahora de una victoria contundente de los militares, y, por el contrario, con la lamentable imagen de la retirada ante la presión de los habitantes, el presidente Petro ofreció: “A todos los campesinos del Cañón del Micay se les entregará, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”. Después, apeló a la fórmula universal empleada por otros mandatarios frente a los delincuentes del garrote y la zanahoria: “El EMC al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. […] Venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano”.

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Por primera vez en su administración, el mandatario ordena bombardear, una contundente ventaja militar que se ha adormecido en medio de la política de “paz total”. La principal razón que ha aducido, plausible, es que niños mueran por efecto de las bombas, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero en la historia reciente del país se les puede atribuir a los bombardeos el fin de las Farc. Bajo el efecto de las bombas cayeron tres integrantes del Secretariado de esa guerrilla y otros comandantes de menor importancia. En la práctica, los bombardeos obligaron a las Farc a sentarse a dialogar, y, finalmente, a firmar la paz y su desmovilización.

Por el creciente avance de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, varios alcaldes de esa sección del país, especialmente el de Cali, Alejandro Éder, han solicitado que el Gobierno reactive los bombardeos para combatir efectivamente a los grupos armados. Pese a que Éder ha dicho que no se trata de que se haga de manera indiscriminada, sino siguiendo todos los protocolos, la respuesta del Gobierno había sido la misma. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo hace unos meses: “Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que les hemos dicho siempre a las Fuerzas Militares: con la mayor inteligencia determinen la alta probabilidad de no presencia de menores, y se puede bombardear”.

Además de la orden de bombardear, el presidente Petro también pidió a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del cañón del Micay “dejar de atender órdenes impuestas” por el ‘Estado Mayor Central’, la disidencia que encabeza alias ‘Iván Mordisco’. “La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras. Las organizaciones populares dirigirán el esfuerzo para pasar a las economías lícitas, ganar tranquilidad y bienestar. Es la hora del cambio”, agregó, y anunció que irá a El Plateado con todo el gabinete para “con todos los habitantes del Micay trazar el plan de inversiones inmediato”.

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