El modelo no es nuevo, ya funciona en el barrio Santa Ana, al oriente de la carrera séptima con calle 108, y otros barrios, según El Espectador.

El modelo, llamado Frente 12 y diseñado por María Fernanda Moreno, supuestamente cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos Corpochicó, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía.

Pero al ser interrogado el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, dijo desconocer la iniciativa.

El problema, según Mejía, es que ese tipo de patrullaje de calles y espacios públicos le corresponde a la Policía.

“Otra cosa son los frentes de seguridad, con cámaras, botones de pánico, mejor comunicación con los cuadrantes de Policía, que esos sí apoyamos y promovemos”, dijo Mejía a El Espectador.

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Y la Superintedencia de Vigilancia respalda la posición diciendo que “las empresas de seguridad privada no prestan ni están autorizadas para el patrullaje de las vías públicas”.

El Espectador formula varias preguntas: “Si el celador encuentra a una persona delinquiendo, ¿cómo debe proceder? ¿Y si lo hiere?”.

“Deben actuar como policías, proteger a la comunidad y reaccionar. Incluso podrían retener al delincuente mientras llega la Policía. Todo lo que hace un uniformado, pero sin la potestad de judicializar”, dice Carlos Ossa Valencia, director de Corpochicó.

“Su tarea es netamente preventiva. Es una labor disuasiva y de vigilancia. La empresa no reemplazará a la Policía. Buscamos ser complemento”, dice el director comercial de la firma Celar, la contratada para hacer la vigilancia.

La creadora del modelo dice que fue tan bien diseñado que se lo regalaron a la alcaldía para que lo replique.

Lo que es claro es que la delincuencia tiene desbordada a la Policía, y no se le puede pedir a las víctimas o potenciales víctimas que no intenten hacer algo.