La senadora Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático, lanzó un fuerte señalamiento público contra el Ministerio de Igualdad y Equidad, tema que expuso desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).
Según la congresista y precandidata presidencial, esta entidad ejecutó contrataciones que suman un total de 70.582 millones de pesos. Estas transacciones se habrían concentrado en apenas cuatro contratos específicos, lo cual provocó una alerta inmediata sobre la forma en que se están administrando los recursos públicos.
“El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $ 70.582 millones en 4 contratos con Laborando S.A.S. (empresa de servicios temporales) para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026”, señaló Valencia, que resaltó que estos contratos se firmaron “justo durante las elecciones”.
La denuncia se fundamenta en un análisis detallado de la ejecución presupuestal del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad. Valencia sostiene que la publicación de estos documentos se hizo de manera tardía, solamente después de que ella misma advirtiera en el Congreso sobre la falta de transparencia.
Según su versión, el fondo mencionado no había publicado información contractual relevante durante los dos años que lleva funcionando bajo el actual Gobierno nacional.
“La cifra a corte de noviembre 2025 muestra que MinIgualdad tenía 191 contratistas y 541 funcionarios. Ninguno de carrera, todos nombrados por libre nombramiento o provisionalidad. De manera paralela, el Fondo de MinIgualdad de 2024 a 2025 había vinculado a 308 contratistas para cumplir las mismas funciones que debe hacer el Ministerio”, indicó.
Uno de los puntos más críticos señalados por la senadora tiene que ver con la naturaleza de los objetos contractuales. Valencia afirma que los recursos se destinaron a actividades que podrían considerarse burocráticas o de gestión logística, en lugar de llegar directamente a las poblaciones vulnerables del país.
La congresista cuestiona que mientras se habla de austeridad, se firmen acuerdos millonarios para servicios de transporte o apoyo administrativo que no impactan la pobreza.
El primer contrato cuestionado tiene un valor superior a los 18.000 millones de pesos y está destinado a la gestión de servicios de transporte terrestre.
Otro de los contratos mencionados, por un valor de 21.000 millones, se enfoca en la prestación de servicios de apoyo a la gestión logística y operativa. Para la senadora, estos gastos resultan excesivos y demuestran una falla estructural en la eficiencia del ministerio liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.
Valencia también llamó la atención sobre un contrato de veintiún mil millones de pesos relacionado con la conectividad y otro más por ocho mil millones para asesoría técnica.
La parlamentaria argumentó que el Ministerio de Igualdad se ha convertido en una estructura pesada que consume gran cantidad de dinero en funcionamiento interno. Su crítica principal apunta a que la creación de esta nueva cartera no ha solucionado problemas reales de equidad en el territorio colombiano.
“Como si fuera raro, en el SECOP no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos. A duras penas publicaron los contratos en diciembre después que advertí en el Congreso que el Fondo no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando [sic]”, escribió.
Finalmente, la senadora anunció que continuará con su labor de vigilancia sobre estos fondos. Su objetivo es asegurar que cada peso sea invertido en programas sociales efectivos y no en gastos de representación o logística innecesaria. Esta denuncia se suma al debate nacional sobre la viabilidad y la transparencia de las nuevas instituciones creadas durante el actual periodo presidencial.
Esta fue la publicación por parte de la congresista desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), donde dejó sobre la mesa el delicado señalamiento sobre los contratos en el mencionado ministerio del Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro.
ATENCIÓN. El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $70.582 millones en 4 contratos con Laborando S.A.S. (empresa de servicios temporales) para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026. Justo durante las… pic.twitter.com/Nrh1FzXof3
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 6, 2026
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