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Desde el 5 de febrero varias instituciones en municipios del sur del departamento han tenido dificultades para recibir a los alumnos por problemas con la infraestructura, falta de cupos y de profesores. Lo único que parecía estar listo, según anunció la Secretaría de Educación Departamental, era la contratación del PAE y el servicio de transporte escolar para los 12 municipios no certificados. Los dos contratos con mayor presupuesto en el ámbito educativo.
Este año el contrato para el servicio de transporte escolar se firmó desde finales de 2023 con la Unión Temporal Aleewaa, conformada por las empresas Transportes Relaturg (en su tercer contrato para este servicio) y Express Caribe Radiante. El tiempo de ejecución del contrato es de 87 días calendario escolar y se dio por un valor de 28.736 millones de pesos.
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Sin embargo, en algunas veredas de Fonseca y San Juan del Cesar aún no llegan los buses ni las camionetas. Además, aunque la Gobernación aseguró que este año se aprobaron más rutas y vehículos, para los líderes de varias veredas todavía es insuficiente.
En la vereda Los Toquitos, en Fonseca, el servicio no ha iniciado, además, la comunidad prevé que no será suficiente, pues llevan pidiendo más cupos para todos los niños desde el año pasado.
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“Para este año estamos en la misma situación. Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”, denuncia Díaz.
“Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”
Sobeida Díaz, lideresa de Los Toquitos
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Para Fonseca y sus veredas el año pasado se aprobaron 16 vehículos y 16 rutas. Este año, según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, solamente se aumentó una ruta y un vehículo. Por su parte, para San Juan del Cesar, el año pasado funcionaban 43 vehículos que cubrían las 38 rutas aprobadas. Mientras que para este año fueron asignados 50 vehículos y se aprobaron dos rutas más que el año anterior.
Un historial de contratos con tintes políticos
Este es el tercer contrato para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados que obtiene la empresa Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira “Transportes Relaturg”. En 2018 y 2019 (periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia) la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque, actual senador del partido de la U en la comisión primera.
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Transportes Relaturg tiene más de 20 años de experiencia en el sector del transporte en el departamento. La empresa era propiedad de Edgar Acosta Romero quien falleció en 2021 y era primo del exministro de minas Amilkar Acosta, y excandidato a la alcaldía de Riohacha por el partido Conservador. En el departamento se dice a voces que los Deluque y los Acosta siempre han sido aliados políticos.
El primer contrato para prestar el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados del departamento se firmó en 2018 con Tania María Buitrago, quien fue designada por el expresidente Juan Manuel Santos como Gobernadora Encargada de La Guajira. Buitrago fue presentada como parte de una terna entregada por el Partido Conservador y el Partido de la U para culminar el período del suspendido gobernador Wilmer González Brito.
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También es conocida por ser uno de los alfiles políticos del grupo de Alfredo Deluque. Él mismo celebró el nombramiento en su momento: “Fui un incansable luchador del tema de la terna, no porque tuviera algo en contra del gobernador Weildler Guerra Curvelo, ni su equipo de trabajo, todo lo contrario en muchas ocasiones me puse a la orden para ayudar en lo que estuviera a mi alcance en favor de La Guajira”, dijo el congresista.
El proceso de adjudicación del contrato, que finalmente fue por 28,881 millones de pesos, inició siendo polémico. Desde que se lanzó la licitación, el entonces director del área de licitaciones, Manuel Durango García, envió un oficio a la Gobernación pidiendo que se modificaran varios aspectos del pliego de condiciones pues impedían la pluralidad de oferentes.
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A esto se suma que la propuesta de Relaturg era 2.537 millones de pesos más alta que la del otro proponente, la Unión temporal Guajira 2018, cuya propuesta era por 24.869 millones. En ese momento, Yamir Durán, representante de la Unión Temporal Guajira 2018, envió un documento al procurador Fernando Carrillo y al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez denunciando que el tiempo del proceso para concursar se alargó injustificadamente.
Aunque el contrato fue firmado finalmente por la representante legal de la empresa, Yolanis Beatríz Varela, en la audiencia pública para definir quién se quedaba con la licitación, la persona que fungió como apoderada legal de Relaturg fue Rita Deluque, prima del mismo Alfredo Deluque.
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En 2019 el contrato de transporte escolar fue adjudicado a la unión temporal Eikajuluin, que estaba conformada por Relaturg, con una participación del 99 por ciento, y la empresa Busservi del Caribe S.A.S con solamente el uno por ciento. El encargado de firmar fue el gobernador encargado, John Fuentes, cinco días antes de que se posesionara Nemesio Raul Roys, quien llegó a la gobernación apadrinado por Alfredo Deluque. El contrato fue por un costo superior a 27.926 millones de pesos.
En ese momento, en redes y algunos medios, se denunció que Édgar Acosta tenía aparentes intereses en la campaña de Nemesio Roys a la Gobernación y que en la sede de la empresa había vallas publicitarias de estos candidatos, así como en varios buses.
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Aunque Acosta negó ese apoyo, según el reporte de Roys al Consejo Nacional Electoral, para su campaña en 2019, uno de los contribuyentes fue José Domingo Acosta Hernandez, uno de los 16 hermanos de Édgar Acosta Romero, quien aportó 18 millones de pesos.
Este proceso de licitación también tuvo el mismo problema del primero. La Procuraduría General de la Nación solicitó al entonces Gobernador de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa.
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Además, al proceso de licitación final solo se presentó la unión temporal Eikajulin después de que la gobernación tomara la decisión de no realizar el anticipo del contrato, dejando sin la posibilidad de participar a seis empresas que estaban interesadas. Este contrato estuvo atravesado por la pandemia, por lo que en medio de prórrogas terminó funcionando hasta septiembre de 2022.
El contrato para 2024 fue firmado el 17 de noviembre de 2023, dos semanas después de la elección de Jairo Aguilar Deluque, primo y alfil principal de Alfredo Deluque en las elecciones. Aguilar es de la misma línea de Nemesio Roys, incluso fue nombrado Secretario de Gobierno de La Guajira durante su administración.
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La encargada de firmar el documento fue la gobernadora Diala Patricia Wilches, cercana al congresista Alfredo Deluque. Wilches formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de él en la Cámara de Representantes de Colombia entre 2015 y 2016. Además, la jefe de la oficina asesora de contratación del departamento, encargada de revisar el contrato, fue Rita Deluque.
El contrato de transporte escolar para los 12 municipios no certificados de La Guajira no es el único que tiene Relaturg actualmente. Según una investigación de El Tiempo, la empresa está contratada para ejercer “control y seguimiento” al suministro de los 40 carrotanques contratados por la Ungrd para entregar agua en el departamento. Un contrato por un poco más de 133 millones de pesos.
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Además, tuvo otros tres contratos en 2023: dos para el transporte escolar de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en Riohacha, por valores de más de 1.600 millones de pesos cada uno; y otro para transportar al contralor de La Guajira, por 21 millones de pesos. También fue contratada durante 2022 para prestar el servicio de transporte escolar en Riohacha, por 3.806 millones de pesos; y en Barranquilla por más de 7.700 millones.
Por su parte, Express Caribe Radiante, es una empresa de transporte de pasajeros, actividades de operadores turísticos y organización de convenciones y eventos comerciales ubicada en Santa Marta.
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El antiguo representante legal, y propietario del 80 por ciento de la empresa, es Daniel Elías Ceballos Brito, diputado de La Guajira por el partido ASI, uno de los partidos que conformaron la coalición que le dio el aval al actual gobernador Jairo Aguilar Deluque. Daniel Ceballos y su padre Rafael Ceballos Sierra exalcalde de Riohacha, apoyaron a Jairo Aguilar Deluque para la gobernación.
Durante 2022 la empresa de Ceballos prestó el servicio de transporte escolar en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha. Contratos que lo llevaron a transitar dos demandas de pérdida de investidura que terminaron siendo negadas. Además, en 2023 fue contratado para prestar el servicio de transporte terrestre especial para los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) en el departamento “con ocasión a la temporada de lluvias y huracanes”. Un contrato de 56 millones de pesos.
Las inconsistencias
Aunque no es contra la ley contratar continuamente con el mismo operador en procesos de licitación pública, Óscar Hernández, gerente regional de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, una organización que trabaja para lograr que la información de compras públicas en el país sea accesible, recomienda revisar los procesos para asegurar que sí se esté dando pluralidad de oferentes y se descarten posibles hechos de corrupción.
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“Lo primero que hay que ver es sí se están presentando otros proveedores a competir. Si la respuesta es no y año tras año se le sigue adjudicando al mismo a través de un proceso que “es competitivo”, entonces hay que preguntarse cómo está estructurado ese contrato y si se está generando de alguna forma una barrera de entrada para los demás proveedores. Porque sabemos que muchas veces se hacen licitaciones públicas que ya están amarradas”, apunta el experto.
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Transportes Relaturg ya ha sido protagonista de varios escándalos por presentar documentos falsos durante los procesos de licitación y, presuntamente, tener vehículos en mal estado. En 2022 se presentaron nuevamente para obtener el contrato de transporte escolar, pero en medio del proceso la otra empresa que estaba participando denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso.
Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre, después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. De acuerdo a la Superintendencia de Transporte, el paz y salvo que Relaturg anexó al proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte escolar, correspondía a otra empresa de transporte.
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Además, en 2019 la empresa Unión Temporal Guajira 2018 denunció que, supuestamente, Relaturg no contaba con buses con aire acondicionado y que habrían utilizado camionetas de segunda mano provenientes de Venezuela. También que los certificados que presentó del curso de seguridad vial que debían tener los conductores no contaban con el aval del Sena y que, al parecer, sus vehículos estarían matriculados en Venezuela y no en Colombia, como lo pedían los requisitos de la licitación en ese entonces.
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