En marzo de este año, durante la conmemoración del día de la mujer, el Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) publicó el libro Acoso sexual, universidades y futuros posibles: enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones. En el extenso tomo, destacaba un dato que preocupa bastante a quienes se dedican a investigar sobre estos temas y, sobre todo, a las mujeres que son víctimas de violencias de género.

“(…) Se podría indicar que el número agregado de denuncias entre 1998 y 2019 es de 413 y 32 sanciones de acoso entendido en términos generales, lo cual incluye denuncias de acoso sexual y acoso laboral. (…) de las denuncias (…) 83 se refieren de manera particular a actos de acoso sexual”, dice un apartado del texto. Al final del capítulo que aborda estas cifras, las investigadoras señalan que, de las 83 denuncias consolidadas en los diez años que estudiaron, solo en ocho hubo algún tipo de sanción.

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Casos más recientes, como el que publicamos en febrero de este año sobre nueve estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que denunciaron ante el comité disciplinario a uno de sus compañeros por acoso sexual, demuestran que es una realidad latente en las instituciones educativas del país. Pero, según denunciaron las víctimas, la respuesta que recibieron fue “insuficiente”, lo que evidencia que las universidades siguen fallando en estos casos. Sin embargo, múltiples denuncias conocidas en los últimos años, muestran que esta también es una realidad de los colegios e, incluso, de los jardines.

A inicios de esta semana el Ministerio de Educación publicó la resolución 014466 mediante la cual busca atacar parte del problema. La principal medida expuesta en la normativa señala que “las Instituciones de Educación Superior deberán entregar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional en un plazo máximo de seis meses (…) los protocolos para la prevención y atención a las violencias basadas en género, en el marco de las acciones de la Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural”.

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Según indicó la cartera, los protocolos deben incluir un plan de trabajo que tenga indicadores, metas y objetivos necesarios “para medir cuantitativa y cualitativamente su nivel de avance e implementación”. También los procedimientos, criterios y rutas de actuación en materia de prevención, detección y atención a las violencias basadas en género. Entre otros asuntos, los documentos presentados deberán incluir “los elementos necesarios para el fortalecimiento de la política institucional de la promoción de la equidad de género”.

Otro de los puntos fuertes de la resolución, apunta a que “los protocolos deberán establecer criterios y conceptos inequívocos de lo que significan actuaciones y episodios de violencia de género, identificando y tipificando comportamientos, actitudes, lenguajes corporales y orales, (…) entre otros, que permitirán a las Instituciones adoptar medidas o tomar decisiones para detectar e identificar este tipo de violencias”.

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En términos generales, los documentos deben incluir medidas sobre prevención, detección y acción de las violencias de género; así como acciones, procedimientos y medidas sancionatorias, restaurativas, de no repetición, de implementación y ejecución, y seguimiento.

La cartera señaló que se “brindará acompañamiento a las IES en la construcción de sus protocolos y planes de acción, mediante el fortalecimiento de las competencias de sus equipos de trabajo a través del diplomado ‘Género en sintonía con la educación superior’, asistencia técnica requerida y espacios de socialización”. Por su parte, las instituciones educativas tendrán hasta el 25 de enero de 2023 para presentar los protocolos ante el ministerio.

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