La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha manifestado su inquietud ante la reciente ponencia positiva de la Ley de Financiamiento, argumentando que esto podría representar un obstáculo significativo para el futuro de la industria del carbón en el país.
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Según la asociación, esta legislación “representa un gran golpe contra la viabilidad de la industria del carbón en Colombia”, afectando no solo la inversión, sino también poniendo en juego la sostenibilidad del sector.
Además, ACM advierte que miles de empleos y recursos esenciales para las comunidades podrían verse comprometidos. El centro de preocupación de la organización radica en el incremento de la sobretasa más la tarifa de alquiler, que según sus cálculos elevaría el impuesto sobre la renta de la industria al 55%.
Dicho aumento es visto por el gremio como desproporcionado e inusitado comparado con estándares globales, haciendo inviables las operaciones de la industria del carbón en Colombia.
¿Qué porcentaje de impuestos cobran en otros países al sector minero?
En marco internacional, la ACM destaca que en los 10 principales países productores de carbón del mundo, la tarifa de renta promedio es del 26%.
La combinación de tarifas de regalías, cláusulas de precios altos y los elevados costos de producción post-pandemia hace que la rentabilidad de las inversiones en Colombia se vea severamente erosionada hasta niveles alcanzar insostenibles.
Además, la propuesta legislativa introduce una medida casi permanente basada en indicadores de precios internacionales, que según el gremio, no refleja cabalmente las condiciones del mercado colombiano.
Desde la perspectiva de competitividad, los mineros expresan que ya se enfrentan a un esquema tributario que mina su capacidad competitiva, lo que se verá agravado por esta nueva carga fiscal.
Con relación a las acciones a seguir, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, ha hecho un llamado directo al Gobierno Nacional para reconsiderar esta situación.
“Hago un llamado al Congreso de la República a revisar a profundidad este articulado, ya que mientras se otorgan recursos al actual Gobierno, se comprometen los ingresos futuros de los próximos gobiernos de los departamentos y municipios”, señaló Nariño.
Las repercusiones de esta ley, de ser implementada, podrían reestructurar significativamente la dinámica económica y social en regiones dependientes de la minería de carbón, afectando no solo a las empresas sino también a los trabajadores y sus familias.
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