A través de una carta dirigida a los magistrados el alto tribunal, Enciso señalo que “la totalidad de los candidatos postulados por el Gobierno Nacional carece de las competencias e idoneidad profesional para ejercer dicho cargo”, y por eso les pidió desestimar la postulación y devolver la terna.

El exsecretario de Transparencia del gobierno Santos señaló que como la persona que quede designada no va a tener un jefe, y se va a encargar de tomar acciones penales contra funcionarios y particulares por el escándalo de corrupción de Odebrecht, es “apenas lógico” que el elegido cumpla los requisitos que establece la Constitución para fiscal general.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles, el mismo Duque aseguró, en entrevista con RCN Radio, que como este es un cargo provisional que no recibe remuneración no representa ninguna inhabilidad para los elegidos.

“Esta figura no tiene reglamentación jurídica y no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades. Cuando uno examina la Constitución nacional, uno se da cuenta que para ejercer el cargo de fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo”

Esta declaración del presidente ha desatado todo tipo de críticas y polémicas por la gravedad del caso a investigar.

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Además, señaló las que serían las inhabilidades de los tres candidatos:

Leonardo Espinoza Quintero, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda: para ser fiscal debe haber dado catedrático en disciplinas jurídicas y según el mismo profesor, su experiencia está enfocada en “el área del Derecho Privado, en especial en el Derecho Comercial (particularmente Derecho Societario)”.

Enciso señaló también que esta es una investigación penal, y ninguno de los opcionados es abogado penalista.

“La investigación de Odebrecht exige que quien sea designado ostente una amplia experiencia profesional en el campo del derecho penal y procesal penal, de tal forma que le sea posible adelantar el ejercicio de la acción penal y la dirección de la investigación criminal, bajo los más altos estándares éticos, técnicos y profesionales”.

Ese argumento lo retoma para explicar la inhabilidad de  María González Zabala, secretaría jurídica de la Presidencia, y Margarita Cabello, magistrada de la Corte Suprema y expresidenta de ese alto tribunal, pues apela a la necesidad de una amplia trayectoria y un conocimiento profundo del derecho penal para ostentar el máximo cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Este es el documento completo que difundió Enciso con su explicación: