“La salud de mi mamá no tiene precio”. En estos términos, Gino de Jesús Roa se refiere a la millonaria e inédita multa que la Superintendencia de Salud le impuso a la EPS Sura por más de $ 5.800 millones, al sancionarla por incumplir un fallo de tutela por los errores en la prestación del servicio de su madre, Herlinda Escalante, una mujer de 75 años víctima de una demencia vascular.

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Desde su casa en Barranquilla, y en medio del revuelo que ha generado el monto de la sanción que la EPS considera desproporcionado, y que podría abrir paso a cuantiosas multas, Roa se declara aliviado, aunque dice que la batalla judicial apenas arranca.

Roa dice que como la EPS no atendía sus peticiones, escaló el caso y no solo interpuso tutelas, sino que acudió a la SuperSalud. “Mi madre ha quedado prácticamente inmóvil. Padece una enfermedad constante, degenerativa e irreversible. Es una enfermedad de tratamiento paliativo. Por su condición, necesita una enfermera y una cama hospitalaria, pero el médico que la atendió me advirtió: ‘No te van a dar eso’”.

Según Gino Roa, pese a que insistió una y otra vez para que la EPS le proporcionara los cuidados a su madre, no tuvo una respuesta adecuada. Mientras eso pasaba, su familia padecía sus propias dolencias, derivadas no solo de la delicada y cada vez más frágil condición de Herlinda —quien permaneció internada en un centro médico—, sino por las dificultades que suponía intentar moverla, atenderla o acomodarla en medio de su difícil y demandante situación.

La atención de una enfermera y una cama especializada se convirtió para la familia Escalante en una necesidad de primer orden: “Yo veía a mi mamá postrada en la cama y a mí se me dificultaban muchas cosas. En lo emocional era muy desgastante para mí verla así y saber que no la estaban atendiendo correctamente. Pasaban las semanas, se afectaba el núcleo familiar y solo recibíamos dilaciones”.

Desesperado y afligido, a finales de año Gino indagó y logró tramitar una tutela en la que un juez le dio la razón: hubo fallas en la atención de su madre y limitantes a la hora de ser valorada por un médico tratante, además de restricciones para acceder a servicios domiciliarios. La tensión bajó y pensó que, al fin, su mamá comenzaría a ser tratada adecuadamente; sin embargo, reclama que se intensificaron los peros y, asegura, no se cumplieron las órdenes de la justicia.

“En Sura hacen propaganda con que ellos brindan cuidados en casa como si el paciente estuviera en la clínica o en el hospital. Esa es su consigna, que no va a faltar nada, pero no”, alega, insistiendo en sus reparos y en que hoy ya goza de la cama, “pero después de mucho pelear”. Y aunque ya una enfermera atiende a doña Herlinda, reclama que “los turnos no son de 24 horas, sino solo de 8 horas”.

Un riesgoso precedente

Pese a las quejas de Gino de Jesús Roa, otra es la lectura que del caso hace la EPS Sura, que ya prepara recursos de reposición y apelación para revertir la millonaria sanción. A través de un comunicado de prensa, la entidad defendió que la paciente ha recibido toda la atención médica integral necesaria.

Si bien reconoció demoras, declaró que fueron inferiores a 15 días “en la prestación de algunos servicios sociales como la entrega de una cama y la asignación de una enfermera 8 horas diurnas, para facilitar su cuidado en casa”.

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Al ratificar que desde ya implementará acciones necesarias para evitar que una situación de este calibre se vuelva a presentar, la EPS expresó su inconformidad con el monto de la sanción, advirtiendo que es “desproporcionado y no tiene precedentes en el país”.

En ello coincidió recientemente el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal, quien advirtió que “es una multa desproporcionada” y que tendría otro mensaje más allá de alertar por fallas en la prestación de servicios: “Busca ablandar a las EPS en medio de la discusión que hay por la reforma a la salud”.

En efecto, a diferencia de otras sanciones en las que se tenían en cuenta la cantidad de casos y la gravedad de las afectaciones, la millonaria multa que impuso la SuperSalud solo abarca el drama de Gino Roa y su madre, pese a que en la determinación se argumentó que se tuvo en cuenta la reincidencia de la EPS en casos similares por los que fue multada.

Para Aristizábal lo cierto es que, más allá del caso particular, se debe revisar con lupa la “racionalidad y proporcionalidad” de la sanción de cara a evitar riesgos precedentes que puedan poner todavía más en jaque la estabilidad del sistema.

En medio de la discusión, Gino insiste en las secuelas que le dejó a su familia las fallas en la atención de su mamá, defiende que el monto de la sanción no lo pidió él, sino que lo fijó un juez, y reitera —con vehemencia e indignación— que el caso de su mamá demuestra que “la parte humana se está olvidando en este tipo de procesos”.

En esa línea, se muestra a favor de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, señalando que el sistema “explotó y demanda cambios”. Eso sí, es consciente que un revolcón como el que se plantea, de no hacerse bien, pondría poner en riesgo más que una cama o una enfermera: la salud de la gente.

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