En la misiva, Pablo Elías González solicita que, a más tardar el próximo viernes 13 de septiembre, se entreguen a la bodega “todas las armas de apoyo tipo subametralladoras que se encuentran asignadas a los esquemas o funcionarios” de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

De acuerdo con el funcionario, esta medida obedecería a que “los funcionarios que tienen este tipo de bien asignado, no están realizando la entrega en forma temporal al armerillo o a custodia de los coordinadores en las regionales por motivo de vacaciones, fines de semana, compensatorios o incapacidades y otras situaciones”.

Esto sería una obligación con la que los miembros de los esquemas vendrían incumpliendo “al momento de ser desmontado del esquema de seguridad o una vez finalizados los tiempos de las misiones de trabajo”, concluye la carta.

No obstante, a Londoño no lo satisfizo esa explicación y aseguró que la orden se da en un momento muy delicado en que “aumentan las amenazas y los riesgos”, refiriéndose no solo al rearme de algunos de los exjefes de la guerrilla, sino también al aumento de casos de violencia electoral.

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Este mismo martes, el sindicato de la UNP también acusó a González de “dejar expuestos” a algunos de sus miembros al decir que “pareciera” que estarían aliados con disidencias de las Farc, de acuerdo con La FM.

Para el director de la Unidad, los escoltas agremiados en el sindicato buscan “desacreditar a la UNP” por el conflicto laboral que mantienen y sugirió que se dedican a hacer esos reclamos en vez de rechazar actos como el asesinato de una candidata en Suárez, Cauca, el fin de semana pasado.

“El director, siendo el representante de la UNP y del gobierno de Iván Duque en la entidad, sale y hace unas afirmaciones de que nosotros estamos congraciados con los criminales que perpetraron esa masacre y nos deja expuestos”, dijo el presidente de esa agremiación, Yesid Barragán a esa emisora.

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