Por: Canal Uno

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Mar 19, 2024 - 9:37 am
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El presidente Gustavo Petro, quien negociará con el ‘Clan del Golfo’, dijo que, “de cierta forma y si se puede”, va a invitar a la Casa de Nariño al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, a quien le va a proponer “cerrar la historia de la cacería contra humildes campesinos”, y por cuyo anuncio aseguró que “me van a caer truenos y centellas”.

“De cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina […]. Le voy a proponer cerrar la historia de la cacería contra humildes campesinos […] Pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, él tiene una historia. Un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes. Eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido”, aseguró el jefe del Estado en un acto de Gobierno desde Apartadó, Antioquia.

(Vea también: “Yo soy el comandante de las armas de la Nación”: Petro, a Name, presidente del Senado)

Del mismo modo, el presidente aclaró que “no quiere llevar las armas a la Nación contra el Congreso“, si no que “queremos desatar desde el poder constituyente un proceso de reconciliación, perdón y paz”, refiriéndose a las palabras del presidente del Senado Iván Name, quien lo acusó de “amenazar la democracia” con su propuesta de una asamblea constituyente.

JEP tiene la última palabra sobre la libertad de Mancuso

Este lunes, el presidente Petro calificó como “excelente” que la JEP asuma la competencia sobre los crímenes cometidos por Mancuso con ocasión del conflicto armado, y que sólo ese tribunal tiene la última palabra sobre su libertad.

“La JEP debe asumir competencia de todas las conductas cometidas como sujeto bisagra que, en la fase primigenia del sometimiento, es inescindible de su condición de comandante paramilitar.“, señala el auto de la Jurisdicción.

La JEP tomó la determinación al revocar el numeral décimo de la Resolución 3840 de 2023 (resolución que aceptó el sometimiento de Mancuso); dicho numeral fijaba que otras autoridades judiciales tenían competencia sobre las investigaciones contra el exjefe paramilitar.

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