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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Ene 24, 2024 - 3:42 pm
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El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leyva y formularle pliego de cargos por el caso de licitación de pasaportes.

(Vea también: Petro finalmente llegó a Nariño, pero mucho tiempo después de plantar a sus seguidores)

“Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana, que no nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático”, comentó el presidente Gustavo Petro.

Y agregó que, sin embargo, “tenemos que hacerlo. Si alguien se va, sigue otro u otra. El presidente va a ser reemplazado, pero tiene que ser seguido por alguien mejor. No que devuelva como nos pasó en Bogotá los programas, sino que los profundice, que, aprendiendo en la experiencia y con la gente, pues cada vez se potencien más”.

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Qué ha pasado con los pasaportes en Colombia

Un informe de la Contraloría General de la República alerta sobre un posible detrimento patrimonial de $ 700 millones debido a un pago a la firma Thomas Greg and Sons por un servicio no prestado. Migración Colombia habría contratado a la multinacional para recolectar información sobre ciudadanos que cruzaran legalmente la frontera, pero el servicio no se prestó entre octubre y diciembre de 2022 debido a la reapertura de la frontera. A pesar de esto, la entidad pagó a Thomas Greg and Sons los $704 millones acordados en el contrato.

La Contraloría destaca la falta de comunicación y omisión en la presentación de modificaciones al contrato, generando un posible pago por un servicio no recibido. Migración Colombia afirma que el contrato está en proceso de liquidación, y aún no se ha configurado un detrimento patrimonial. Este caso se suma a otros cuestionamientos sobre procesos contractuales, como el relacionado con la concesión operativa del Muelle 13 en el Puerto de Buenaventura, que fue prorrogado y posteriormente revocado por el Ministerio de Transporte debido a preocupaciones ambientales.

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