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En momentos en los que el Gobierno de Gustavo Petro sigue atendiendo los coletazos jurídicos al declarar desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes –pleito por el que el Estado podría pagar hasta $ 117.000 millones como indemnización–, este lunes se conoció que el Ejecutivo podría afrontar otro lío con la firma Thomas Greg and Sons.
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Lo anterior, por cuenta de un informe de la Contraloría General de la República que advierte que Migración Colombia le pagó alrededor de $ 700 millones a la firma por un servicio que no se prestó.
En el documento, conocido por la emisora W Radio, se reseña que en mayo de 2022 la entidad contrató a la multinacional para recolectar información sobre los ciudadanos, tanto colombianos como venezolanos, que cruzaran de forma legal el paso fronterizo.
Sin embargo, debido a que en octubre de 2022 el Gobierno de Gustavo Petro logró la reapertura de la frontera –lo que implicó quitar los puestos de atención en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander–, entre octubre y diciembre el servicio para el que fue contratada Thomas Greg and Sons no se prestó. No obstante, Migración sí le pagó recursos por el orden de $ 704 millones.
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Si bien hoy el contrato está en proceso de liquidación y en febrero de 2023 se certificó la ejecución del 100 % de los recursos del contrato, para la Contraloría se habría provocado un daño patrimonial.
“Ya que el supervisor debía definir la necesidad de contratación y presentar las modificaciones con 30 días de antelación, dicha comunicación no se presentó ni ante el contratista ni ante el ordenador del gasto, y es esta omisión la que genera el hecho de tener que pagar por un servicio que no se recibió pues el paso fronterizo se encontraba abierto y no se estaban capturando los datos de los ciudadanos que cruzaban la frontera, hecho por cierto, evidente para los supervisores del contrato”, alerta la Contraloría.
Según Migración Colombia, actualmente se está realizando el balance económico y de obligaciones con el contratista, por lo que aún no se habría configurado un detrimento patrimonial.
La semana pasada se conoció otro cuestionado proceso contractual similar al de la Cancillería con Thomas Greg que pondría contra las cuerdas al Ejecutivo y que pone en jaque la confianza del sector de la infraestructura.
La Revista Cambio reveló que, si bien el pasado 23 de diciembre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogó a la firma Sociedad Grupo Portuario la concesión operativa de uno de los muelles del Puerto de Buenaventura, apenas cinco días después el Ministerio de Transporte echó para atrás la determinación. No es un muelle cualquiera.
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Se trata de la Unidad Operativa Muelle 13, que recibe a diario toneladas de alimentos y minerales importados, y que desde hace 33 años está a cargo del Grupo Portuario, cuyo principal accionista –según la revista– es Ventura Group.
El informe detalla que la prórroga, que establecía que el grupo seguiría manejando el muelle 13 hasta 2045, se cayó tras una revisión efectuada por el ministro William Camargo que, luego de una sesión del Consejo Directivo de la ANI, ordenó su revocatoria “ante la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. Lo anterior, concretamente, ante el manejo de cargas de carbón.
Pulzo complementa
En medio del pleito por el contrato para elaborar pasaportes en Colombia, es importante recordar que el Gobierno confirmó que aumentó el costo del documento para salir a otros países. La Cancillería confirmó que la alza fue de $ 206.000 por impuesto de timbre fijado en $ 70.597.
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