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Varias de las respuestas del canciller Álvaro Leyva sobre el millonario contrato de pasaportes que hoy tiene en problemas al Gobierno se quedaron cortas para explicar las polémicas actuaciones de la Cancillería, las reuniones de su hijo Jorge Leyva y el posible conflicto de intereses en la contratación de un exfiscal que falló a su favor.
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Se trata de un documento de 14 páginas escrito y firmado por el canciller en el que responde a 30 preguntas de un derecho de petición enviado por la representante Jennifer Pedraza que pretendía esclarecer las dudas sobre la licitación de casi medio billón de pesos y la posterior demanda de Thomas Greg and Sons (TGS) que podría costarle al país $117.000 millones.
Como es bien sabido, Leyva está en el ojo del huracán desde que decidió declarar desierta la licitación para la impresión de pasaportes a la que había llegado TGS como único oferente. En todo ese proceso, el Gobierno argumentó que había presuntas irregularidades para favorecer a Thomas.
En respuesta, TGS demandó al Estado por los daños y perjuicios de no entregarle un contrato por 599.000 millones de pesos y se mostró rudo en todos los intentos de conciliación en los que, de todos modos, no había ningún interés de la Cancillería de solucionar los líos extrajudicialmente.
De ahí que otras de las preguntas inconclusas más grandes de ese caso sea: ¿por qué la Cancillería alega que el proceso tenía vicios de corrupción si fue ella misma la que lanzó la licitación y modificó los pliegos de condiciones? y, si el canciller se dio cuenta de los supuestos favorecimientos a Thomas, ¿por qué se tardó tanto en tomar acciones?
Tres de las primeras preguntas del derecho de petición son claves porque demuestran que la responsabilidad del caos en esta licitación depende única y exclusivamente del Gobierno.
En ese documento oficial, Leyva reconoce que la licitación pública para la elaboración de pasaportes 001 de 2023 se inició mientras él ya era ministro de Relaciones Exteriores. Así mismo, reconoció que él estuvo al tanto de todo el proceso y de los cambios en los pliegos de condiciones que, de hecho, pretendían eliminar favorecimientos y condiciones injustas.
En ese mismo apartado, Leyva reconoció que se le informó de las observaciones de posibles irregularidades a tiempo.
Incluso, este diario había establecido en julio del 2022 que Leyva había tenido una reunión con pesos pesados de esa licitación en la que le expusieron que Thomas tenía una “licitación de bolsillo” y que no había manera de competir contra ellos.
Sin embargo, el canciller decidió esperar hasta septiembre para declarar desierta la licitación, una demora que le dio más motivos a Thomas para demandar a la Nación, pues para ese momento ya había alcanzado la máxima puntuación y era el único oferente dispuesto a asumir el contrato.
Sobre todo esto, Leyva se limitó a responder que hizo los cambios que le correspondían. Y sí, los hizo, “pero con presuntas fallas que pusieron a la Nación en riesgo de pagar una demanda de 117.000 millones. Si este Gobierno no es capaz de garantizar una licitación transparente, que asuma las consecuencias y no condene al país a un detrimento”, dijo Pedraza en diálogo con este diario.
Los otros dos interrogantes que Leyva respondió hasta con cierto tono de enojo tienen que ver con su hijo y con el exfiscal Juan Carlos Losada Perdomo.
En una de las preguntas sobre si él tenía conocimiento de las reuniones de Jorge Leyva con los directos implicados de la licitación, el canciller responde que “no sabe” con quién se reúne su hijo pero que, como cualquier ciudadano, “él tiene el derecho de reunirse con quién el quiera mientras no viola la Ley”.
Sin embargo, a los ojos de la congresista esos encuentros podrían constituir un posible conflicto de intereses. “El hijo del canciller tiene negocios en el sector que ahora dirige su padre como canciller. Y Jorge Leyva no se reunió con cualquier funcionario, sino con Juan Carlos Losada Perdomo, quien era el delegado para conciliar o no con Thomas (…) ellos no tenían por qué estar reunidos”, aseveró.
Sobre ese mismo funcionario recae el último de los cuestionamientos más fuertes. Losada Perdomo fue nombrado como director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería gracias a su amistad con Jorge Leyva y sin ser un experto en derecho internacional.
Lo que no supo explicar Leyva fue si es cierto que Losada lo favoreció a él cuando era fiscal cerrando un caso en su contra por injuria y calumnia. De hecho, W Radio demostró que Jorge Leyva había dicho tener una amistad con Juan Carlos Losada por lo menos desde hace 20 años, épocas en que, justamente, el entonces fiscal tuvo que juzgar al hoy canciller.
Sobre todo esto, Leyva respondió escuetamente -y casi que esquivando las preguntas- que Juan Carlos Losada está ampliamente preparado para el cargo y que “tiene entendido” que su hijo conoció al entonces fiscal luego de que se cerrara su situación judicial.
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¿Será todo eso cierto? Esas son preguntas que aún están por resolverse y que quedarán en manos de la Procuraduría y demás entes de control que están investigando el caso. Mientras tanto, Leyva deberá luchar para que al país no lo multen con 117.000 millones de pesos.
Eso último, de todos modos, parece no importarle mucho. Él mismo dijo en medios, y en este derecho de petición, que para cuando se resuelvan esas sanciones probablemente él ya estará muerto.
Pulzo complementa
Entre tanto, la Cancillería confirmó hace algunos días las nuevas tarifas que se aplicarán en este año nuevo para expedir el pasaporte. Así las cosas, el documento de categoría ordinaria quedó con un valor de $ 136.000, mientras el ejecutivo fue fijado en $ 244.000.
Cabe agregar que los costos mencionados anteriormente no incluye el impuesto de timbre, con lo que el precio final para el pasaporte ordinario quedará en $ 206.000 y el ejecutivo en $ 314.497.
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