A como dé lugar, el presidente Gustavo Petro quiere garantizar que este martes 18 de marzo salga la mayor cantidad de gente a las calles. No solo convocó marchas, sino que decretó que sea un día cívico, con lo cual los trabajadores del Estado tienen licencia (no la orden) para no laborar y también para marchar. Su argumento es que esa es la única manera de sacar adelante las iniciativas —en este caso, la reforma laboral— que vienen fracasando en el Congreso por lo que él llama “bloqueo institucional”. Pero en la mira del mandatario no está el corto plazo, el bienestar inmediato de los trabajadores; su objetivo está más lejos y muchos caminarán hacia allá quizá sin saberlo.
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El volumen en las calles importa. Esta vez, el agente catalizador es la consulta popular que impulsa el mandatario para hacerle preguntas a la ciudadanía del tipo ¿el día laboral debe terminar a las 6:00 p.m.? Nadie dirá que no a eso. Esa clase de preguntas se ofrece como almíbar para atrapar moscas. Pero detrás está la necesidad de demostrar capacidad de convocatoria entre las huestes petristas, clave en momentos en que las encuestas indican que la favorabilidad del jefe de Estado se mueve por los lados del 30 %, que sería la base electoral (escasa) con la que el proyecto progresista partiría para las elecciones presidenciales de 2026.
Por eso, es determinante que asegure la mayor presencia en las manifestaciones de este martes decretando un día cívico con varios objetivos (unos claros y otros no tanto), como ocurrió el 19 de abril de 2024, cuando decretó el primero de los tres días cívicos que ha organizado, con el rótulo de ‘paz con la naturaleza’, pero que tuvo como trasfondo la coincidencia con la fecha de su cumpleaños, el aniversario del movimiento M-19 y un eventual intento de desviar la atención sobre la multitudinaria marcha que se produjo en su contra dos días después, y que le demostró que las calles no son su patrimonio exclusivo, sino de la oposición también.
Gustavo Petro busca masa crítica para elecciones
Con el día cívico de este martes y la primera marcha con miras a la consulta popular, el mandatario está buscando lo que en sociología se denomina una masa crítica, es decir, una cantidad de personas suficiente como para cambiar el curso de los acontecimientos, en este caso, no solo los relativos a la reforma laboral, sino a las elecciones que vienen el año entrante. De ahí la licencia para que los empleados no asistan a sus puestos de trabajo, con la advertencia del presidente de que “ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”.
Esa advertencia —que, hay que aclararlo, solo cobija a los trabajadores estatales del orden nacional (no a gobernaciones ni alcaldías); pues los privados no están incluidos, salvo que los patronos les den permiso—, pese al habitual tono amenazante con que fue proferida, no impresionó a muchos alcaldes, como los de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Cartagena; ni a los gobernadores de Antioquia, Santander, Valle, Tolima y Córdoba, todos los cuales respondieron que sus administraciones trabajarán con normalidad, incluso frente al delirante insulto mesiánico que les lanzó el mandatario al tratarlos de alcaldes “miserables” y “de la muerte”. Garantizarán, esos sí, el derecho a la protesta.
Se espera que, como es habitual, las organizaciones sindicales, indígenas, negras y campesinas, lo mismo que otros sectores de la sociedad instrumentalizados como los trabajadores estatales y los estudiantes del Sena, salgan a las calles. Es posible que las marchas sean multitudinarias y ese volumen satisfaga al presidente Petro, pues se construirá la sensación de respaldo masivo, primero a la reforma laboral, y por contera, inevitablemente, a la figura del mandatario y a su proyecto político. Pero los marchantes no representan tampoco a la mayoría de los colombianos: una cosa son las calles y otra, las urnas. La prueba ácida, primero para el caso de la consulta popular y luego para el de las elecciones, será la participación de los ciudadanos a través de los votos.
Porque también es factible que la consulta popular se convierta en un ‘plebiscito’ contra el mandatario, no solo porque, redondeando su tercer año de mandato, sigue en déficit en cuanto a sus ejecutorias (él mismo admitió en su primer consejo de ministros televisado el 4 de febrero que tiene pendiente el cumplimiento de 146 promesas de las 195 en campaña; es decir, un 74% de los anuncios sin que se muestre avance), sino por el sostenido índice de desaprobación en las encuestas, la caótica situación de orden público, la amenaza de un apagón por las deudas del Gobierno con las generadoras eléctricas, y los graves y permanentes escándalos que explotan en su entorno más cercano.
Esa masa crítica que busca aglutinar el presidente Petro desde este martes con el subterfugio de impulsar en las calles la reforma laboral operará como el primer acopio, la primera gran ‘junta’ (apelando a sus palabras) de seguidores con miras a las elecciones presidenciales del 2026. A partir de ahí —y esa debe ser la aspiración presidencial— adquirirá una dinámica propia (la de la agitación permanente) que le permitirá sostenerse y crecer por sí misma. Ahí quedará claro que no es la reforma laboral y los eventuales beneficios que esta puede entregarles a los trabajadores lo que está en juego, sino la reelección del proyecto progresista del jefe de Estado.
Oposición a Gustavo Petro enfrentará un dilema
Este martes de marchas más día cívico se antoja como un testeo para ver cómo está la máquina política petrista, sobre todo sus bases. La jornada arrojará elementos para hacer los ajustes necesarios con miras a la campaña presidencial que comienza ya, al tiempo que se le da aire y empuje con imágenes como las de algunas plazas públicas llenas. Otro examen se hará el próximo primero de mayo con ocasión del Día del Trabajo, siempre con el riesgo latente —un objetivo adicional que los sectores más radicales de la oposición también le atribuyen a Petro— de que las protestas degeneren en hechos violentos.
Desde finales del siglo pasado y comienzos de este, la agitación en las calles viene cobrando fuerza. Un estudio sobre la abstención y el voto obligatorio en Colombia, publicado a finales de 2013 por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae), de la Registraduría Nacional, y la Universidad Sergio Arboleda, encontró que varios autores coincidían en que “mientras un tipo de participación política (el voto) está atrayendo cada vez menos interesados en ella, otros modos de participación como las protestas o las peticiones han aumentado significativamente […]”.
Ese estudio consideró también que eso no implica que haya una crisis de participación política, o hacia la política en general, sino que los ciudadanos —especialmente los jóvenes— podrían “estar encontrando más gratificante o más efectivos estos otros modos de participación no electorales”. Aunque otra evidencia encontrada por el estudio podría jugar a favor del petrismo, pues indica que los que “están más predispuestos a participar en manifestaciones o firmando peticiones son también quienes más inclinados se encuentran a votar”.
Esa situación desde la teoría le plantearía a la oposición un dilema: participar en la consulta para votar no, o abstenerse y poner así en peligro el umbral que necesita cada una de las preguntas que se hagan. El petrismo solo no tendría los votos suficientes, si se consideran los 11’291.986 sufragios que obtuvo su líder en la segunda vuelta presidencial en 2022 frente a los 13’654.456 indispensables para la consulta popular, que son la tercera parte del censo electoral (40’963,370). Pero temas como rebajar la jornada laboral o aumentar el pago por los dominicales son un irresistible almíbar, el antídoto contra la abstención.
Bien lo dijo, satisfecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, al confirmar que con la convocatoria a la consulta popular se adelantaba la campaña presidencial de 2026: “La pusieron de papayita; nos dieron la papayita”. Si la oposición decide participar activamente por el no y triunfa, quedará probado que el presidente Petro perdió legitimidad y también lo deja en el incómodo escenario de la ingobernabilidad, así haya demostrado una fuerza aparente en las calles en días como hoy. Pero si la oposición participa en la consulta popular y fracasa, habrá ayudado a conformar la masa crítica que quiere consolidar el jefe de Estado para reelegir su proyecto. La otra opción es la abstención.
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