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Ante un juzgado de Bogotá, este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer todas las pruebas que vinculan a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y que argumentan la solicitud de prisión para los exfuncionarios.
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Además de ellos, el ente de control estaría buscando la detención preventiva también para el contratista Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, quien hizo parte de las manipulaciones para el desvío de fondos de dineros públicos.
Según lo conocido hoy en la audiencia, el exdirector y exsubdirector podría llegar a enfrentar penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que a que López le iría mejor por no se funcionario público: su pena se podría reducir hasta una cuarta parte.
Pruebas de la Fiscalía sobre el escándalo de la UNGRD
La fiscal delegada María Cristina Patiño expuso una cronología de los hechos que inculparían a los afectados y expuso que en el caso también habrían otras personas que participaron.
De un lado, se dijo que Olmedo López, Luis Carlos Barreto Gantiva y «su jefe político César Manrique Soacha», gestionaron el desvío de $100.000 millones que la Ungrd tenía con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
A cambio de esto, el exdirector de la entidad habría facilitado la adjudicación de contratos a empresarios cercanos para proveer elementos como plantas desalinizadoras o de almacenamiento a cambio de sobornos.
De otro lado, Olmedo López, en coordinación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, habrían dirigido contratos hacia Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar, en beneficio de ciertos senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso.
Pulzo complementa:
La Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez que, en caso de imponer medida de aseguramiento a Pinilla y López, estos sean encarcelados en una guarnición militar debido a las amenazas recibidas.
El ente acusador señaló que los tres son un peligro para la comunidad, ya que podrían manipular las pruebas en su contra y afectar el desarrollo del proceso.
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