Estos bienes están “avaluados en 33 mil millones de pesos”, y según explicó la Fiscalía se trata de “un apartamento con depósito y parqueadero”, que está ubicado “en un exclusivo sector” de Barranquilla; un inmueble en donde queda la sede de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda (en Neiva), de la cual Trujillo hacía parte; una bodega que figura a nombre de la agencia Surcolombiana de Inversiones Surcol (en Cúcuta); y un “establecimiento de comercio” propiedad de esa cooperativa, en el norte de Bogotá.

“La Fiscalía identificó las sociedades y bienes que, al parecer, fueron utilizados por los contratistas para dar apariencia de legalidad a la millonaria defraudación al PAE (Programa de Alimentación Escolar) en Santander, o (que) habrían sido conseguidos con los dineros desembolsados por la gobernación para cubrir la alimentación de los estudiantes de escasos recursos”, se lee en un comunicado del organismo investigador.

La Fiscalía asegura que la media de extinción de dominio a estos bienes se da porque Trujillo aparentemente incurrió en hechos de corrupción, referente a un contrato para el suministro de alimentos escolares por valor de 35.700 millones de pesos, en 2016.

Entre estas irregularidades, los investigadores hallaron “sobrecostos en los productos” que compraba el contratista, “pagos por víveres a empresas ficticias” o que habían sido creadas con otro fin comercial.

“Compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacías (Meta), adquisición de postres a una asociación de padres de familia en Tarquí (Huila) que figuraba inactiva, y compra mercados a una empresa transportadora de Algeciras (Huila), cuya sede queda a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal”, son algunas de las anomalías que encontró el organismo.

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Trujillo es conocido como el ‘zar de la alimentación’ en Santander, y según la Fiscalía “aceptó cargos” por delitos de celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales, falsedad en documento público y privado y peculado por apropiación. El procesado está a la espera de que se verifique un preacuerdo al que llegó con esa autoridad.

A este caso también están vinculados Luisa Fernanda Flórez (representante legal de la cooperativa Multiactiva), Fernando León Medina (interventor del contrato del PAE), Aníbal Sánchez (coordinador del PAE) y Ana de Dios Tarazona (secretaria de educación de Santander).

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