El fiscal Francisco Barbosa y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya expresaron que se oponen a la propuesta de crear una nueva instancia para juzgar grandes casos de corrupción en Colombia. La iniciativa la presentaron este jueves el Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación, que sugirieron seguir las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas para investigar casos de corrupción. A Barbosa le parecen ideas “rechazables y deleznables”, mientras que a Osuna le parece que “enreda los procesos”.

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En concreto, la propuesta de las organizaciones es que en la Corte Suprema de Justicia se cree una sala adicional, transitoria que haga un “juicio nacional anticorrupción”. Para hacerlo sugieren que el Gobierno le pida a Naciones Unidas apoyo en la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la de Guatemala, pero en Colombia. Reconocen que el Congreso tendría que hacer reformas constitucionales y, de hecho, en la iniciativa ya tienen listos los proyectos de acto legislativo escritos y hasta un borrador del acuerdo que tendría que firmar el presidente Gustavo Petro con la ONU.

Pero la idea no cayó bien en el sector de la justicia. El primero en expresar su rechazo fue Barbosa, quien, en declaraciones desde la Corte Suprema, dijo: “aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”. Y trajo a colación cifras de su administración, que en tres años ha logrado 2.800 sentencias condenatorias por casos de corrupción y procesar a 54 exgobernadores por este tipo de hechos.

“Para que aparezcan ahora genios y marcianos a decir que hay que acabar la justicia colombiana”, añadió el fiscal Barbosa. Incluso, el alto funcionario le hizo un llamado al Congreso a que no tramite esta propuesta porque, a su juicio, “no se puede permitir que se acabe la justicia en Colombia con esas acciones malintencionadas de convertirnos a nosotros en países centroamericanos donde han tenido comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular expedientes y a decirnos que no hemos podido conseguir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años”.

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¿El Gobierno apoya una sala anticorrupción?

Barbosa añadió que ya había hablado del tema con Petro. “El presidente me manifestó que no es una opción, entonces no sé por qué aparecen unos funcionarios que se sienten presidentes de la República. Aquí no puede haber más funcionarios que quieran usurpar las funciones del presidente”, dijo el fiscal general, cuando un periodista le recordó que el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga trinó que el Gobierno estaba considerando la creación de esta sala anticorrupción.

Pero una segunda negativa del Gobierno vino del propio ministro de Justicia, Néstor Osuna. En un hilo de Twitter, aseguró: “Una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”. Además, dijo que mientras se surten los procesos necesarios para hacerlo realidad pasarían, al menos, tres años, y “una propuesta que se aplaza tanto no es útil”.

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Para Osuna, la clave en la lucha contra la corrupción es fortalecer a las instituciones que ya existen en la rama judicial. “Dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud”, añadió en sus trinos. Si bien el presidente Petro aún no se ha pronunciado sobre la propuesta, ya se vislumbra que la iniciativa de las organizaciones sociales tendrá muchas talanqueras para convertirse en realidad.

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