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El presidente Gustavo Petro y su bancada de Gobierno siguen buscando caminos, a como dé lugar, para tratar de salvar la desahuciada reforma a la salud. Este martes, el jefe de Estado –acogiendo los argumentos de un congresista del Pacto Histórico–, aseguró que varios senadores que se oponen a la iniciativa habrían sido financiados por una EPS cuya junta directiva es de origen extranjero, algo que supuestamente prohibiría la ley.
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La tesis fue expuesta por el senador oficialista Wilson Arias, quien justamente hace parte de la Comisión Séptima, donde la iniciativa debe superar su tercero de cuatro debates. Allí ocho de sus 14 integrantes firmaron la semana pasada una ponencia de archivo que, en plata blanca, significaría el virtual hundimiento del proyecto.
Sin embargo, el congresista denunció que varios de los partidos a los que pertenecen algunos de esos congresistas fueron financiados en las elecciones de 2022 por la organización Keralty, que bajo su dominio concentra a la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas. Según Arias, la junta directiva de Keralty es extranjera, pero terminó financiando organizaciones políticas nacionales, algo que prohíbe la ley.
Así lo establece la Ley 1475 de 2011, que regula la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. La norma prohíbe las fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras.
“Keralty donó millones de pesos a partidos políticos en año electoral. Las multinacionales están interfiriendo en nuestra salud, sistema electoral, democracia y Estado, Nación”, reclamó el senador del Pacto Histórico.
Pongo en conocimiento del país, que toda la junta directiva de Keralty – EPS Sanitas, ES EXTRANJERA
Keralty donó millones de pesos a partidos políticos en año electoral
Las multinacionales están interfiriendo en nuestra salud, sistema electoral, democracia y Estado, Nación. pic.twitter.com/QgWRvdIhUU
— Wilson Arias (@wilsonariasc) March 19, 2024
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A su turno, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la propia Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros: “Esta prohibición fue violada si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas. Han roto con la Constitución”.
La constitución prohibe que la política se financie con recursos extranjeros.
Esta prohibición fué violada, si las empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas. Han roto con la Constitución. https://t.co/scx2J6n8UL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2024
La tesis del presidente y del senador Arias contrasta con otros argumentos que indican que, aun cuando la junta directiva de la empresa financiadora sea extranjera, puede hacer aportes sin que implique irregularidad alguna siempre y cuando esa organización esté constituida en Colombia y pague impuestos en el país.
Lo cierto es que de prosperar lo dicho por Petro y Arias, los partidos podrían ser suspendidos y recibirían sanciones como no recibir financiación estatal, ni acceder a espacios otorgados en los medios de comunicación. Inclusive, en el caso más grave, al partido infractor le podrían suspender su personería jurídica hasta por cuatro años.
En esa línea, los senadores podrían ser recusados y deberían apartarse de la discusión, lo que implicaría que se podría salvar la reforma a la salud, pues el petrismo contaría con los votos necesarios para hacerse a mayorías sin los votos de la oposición.
Los aportes de Keralty, dueña de EPS Colsanitas, a partidos políticos
Según los registros del portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), la organización Keralty financió con aportes a cinco partidos en los comicios parlamentarios de 2022.
El Centro Democrático –al que pertenecen los senadores Alirio Barrera y Honorio Henríquez, de la Comisión Séptima–, recibió en 2022 recursos por $ 35 millones de Kerlaty. Además, el Partido Liberal –que integra Miguel Ángel Pinto–, recibió $ 10 millones. Adicionalmente, el Partido de la U –al que pertenece Norma Hurtado– fue financiado por $15 millones y la Alianza Social Independiente –de la senadora Berenice Bedoya–, recibió $10 millones.
Ante las acusaciones, el senador Miguel Ángel Pinto sentó este martes su voz de protesta y negó que estuvieran impedidos para votar una ponencia de archivo: “Queremos que se debata y que se convoque a la Comisión para dar la discusión. No estamos en contra del presidente Petro, no nos gusta una reforma que es diferente y queremos entrar a concertar y conciliar, pero ese no puede ser el motivo para que otros miembros de la Comisión hoy estemos bajo las amenazas de una serie de desadaptados (de las redes)”.
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