La tutela contra la Asociación Indígena del Cauca EPS-I la interpuso Deysi Zambrano alegando que esa entidad vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la vida digna de su hijo, Maicol Zambrano, al no suministrarle una silla de ruedas; así como los servicios de transporte en ambulancia y enfermería.

El alto tribunal señaló en la sentencia que se debe conceder el amparo del derecho fundamental a la salud y al diagnóstico efectivo del menor teniendo en cuentas las reglas de la jurisprudencia constitucional para los insumos y servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

La Corte dice que cuando un médico adscrito a la EPS ordena la silla, debe ser suministrada por la entidad y por eso ordenó a la entidad de salud que autorizara el servicio de transporte intermunicipal entre su residencia, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y la IPS Fundación Clínica Infantil Club Noel, ubicada en la ciudad de Cali.

La orden cubre el traslado de ida y regreso las veces que requiera, para que acceda a las terapias integrales de neurodesarrollo que le fueron prescritas por su médico tratante. Además, debe considerar también el traslado de un acompañante del niño si la familia no tiene los recursos suficientes para hacerlo.

Según las consideraciones de los magistrados, la ausencia de inclusiones explícitas en el plan de beneficios no puede constituir una barrera insuperable entre los usuarios del sistema de salud y la atención eficaz de sus patologías.

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El alto tribunal indicó que cuando el profesional de la salud determina que un paciente requiere la prestación de servicios médicos, la realización de procedimientos o el suministro de medicamentos e insumos, la EPS correspondiente tiene el deber de proveérselos, sin importar que estén o no incluidos expresamente en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La solicitud de la madre ya había sido negada una vez por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamundí porque consideró que la accionante no aportó las órdenes médicas que contemplaran la prestación de los servicios de transporte en ambulancia y enfermería, ni el suministro de una silla de ruedas; el juez hizo énfasis en la ausencia de una historia clínica reciente del niño.

Por esa razón, la Corte también ordenó a la EPS convocar una junta médica para valorar la necesidad de una silla de ruedas o de una ayuda técnica similar para que el menor pueda movilizarse de manera autónoma. De ser así, la EPS deberá autorizar y entregar la ayuda técnica al menor.