Colombia, junto con 196 naciones, se comprometió a garantizar estos derechos, estableciendo que prevalecen sobre los de otros y que su protección es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad.
Este compromiso ha dado lugar a un marco jurídico sólido con leyes como el Código de Infancia y Adolescencia, políticas de desarrollo integral y normativas que prohíben el castigo físico y los matrimonios infantiles.
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Sin embargo, la implementación de estos principios sigue siendo desigual. Aunque se han registrado avances en áreas como salud y educación, persisten brechas significativas. En salud, la mortalidad infantil ha disminuido, pero problemas como la desnutrición y las enfermedades mentales afectan gravemente a ciertos grupos.
En educación, la cobertura es alta en primaria, pero baja en educación media, especialmente en zonas rurales. El derecho al juego, esencial para el desarrollo infantil, no es prioritario en la mayoría de los municipios.
Otros desafíos incluyen la violencia, que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, y la pobreza, que limita el bienestar de muchos hogares, especialmente entre migrantes. Además, la participación infantil en decisiones públicas es simbólica y carece de impacto real.
El reclutamiento de menores por grupos armados y los desplazamientos forzados continúan afectando a cientos de niños. Aunque el trabajo infantil ha disminuido, la justicia para adolescentes aún enfrenta problemas estructurales.
La Convención ha impulsado avances, pero queda mucho por hacer para que los derechos de todos los niños en Colombia sean plenamente garantizados.
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