Esta situación, según Leonardo Quiceno Páez, gerente del hospital Pío X de La Tebaida, y presidente de la asociación de hospitales de la región, se debe a que las EPS no le pagan a las IPS —hospitales y clínicas—.
“Las EPS no les pagan a las prestadoras de salud, entonces, cuando los usuarios necesitan una radiografía o un procedimiento de mayor nivel asistencial, le responden que en el departamento no hay convenios para estas actuaciones médicas y que, por lo tanto, la solución es que el enfermo viaje a otra región donde su sistema de salud tenga contrato”, explicó el profesional de la salud.
Sostuvo que esto no significa que los hospitales o las clínicas del Quindío carezcan de los equipos tecnológicos o del personal médico, sino que las instituciones ya no le prestan más servicios a las EPS porque estas todavía tienen cuentas pendientes y hasta que el saldo no esté paz y salvo, “y es de ahí que las personas tienen que irse a donde a su EPS le fían el procedimiento, en departamentos aledaños”.
Estas demoras en la respuesta sobre un lugar dónde les practiquen un examen u otro procedimiento a los pacientes, dijo Quiceno Páez, se convierte en una fila interminable de actividades médicas en espera y, cuando por fin llega la hora, muchas veces el paciente ha muerto.
“Las personas deben acudir a las herramientas jurídicas porque es la única manera que las EPS agilicen los pagos o los contratos para practicarles el procedimiento y así dar respuesta a la acción legal, aunque muchas veces tampoco es una estrategia efectiva de atención al usuario porque estas empresas prestadoras de salud no responden de manera satisfactoria a las peticiones de los jueces”, señaló Quiceno Páez, quien aseguró que estos ‘dolores de cabeza’ son consecuencia del sistema de salud nacional que debe ser reformado.
Tutelas por salud
En el marco del foro académico Conmemoración de los 30 años de la Tutela en Colombia, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que el derecho a la salud sigue siendo el más vulnerado y por el cual durante 2021 se interpusieron 92.499 acciones de tutelas, con mayor representación en los departamentos de Arauca, Caldas, Norte de Santander, Quindío y Amazonas.
De acuerdo con los datos del informe anual sobre la tutela en Colombia, de la Defensoría del Pueblo, el departamento que más se ve afectado es Arauca, con 71 tutelas por cada 10.000 habitantes, 101 % más que las interpuestas en 2020; le sigue Caldas con una relación de 58; Norte de Santander con 44; Quindío con 31 y Amazonas con 30.
“Al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud encontramos que los ciudadanos en las zonas de frontera —receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuentas de las acciones de grupos armados ilegales—, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“En el estudio también concluimos que las EPS que han sido liquidadas fueron contra las que más tutelas se presentaron. Resaltamos cómo, al cierre de la vigencia pasada, la liquidada Medimás tuvo 42.70 acciones de tutela por cada 10.000 afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva con 40.23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud con 24.04, y Ecoopsos con 22.61, lo que nos muestra que el ranking de EPS más tuteladas constituye un indicador de calidad y un llamado para que los prestadores protejan y garanticen el derecho sin dilación alguna”, dijo el defensor.
“Uno de los hechos por los que más acciones de tutela se presentan es por la falta de oportunidad en las citas con especialistas, por eso desde la Defensoría suscribimos en diciembre pasado el Pacto Nacional para la Protección del Derecho Fundamental a la Salud para la Oportunidad en la Atención con Especialistas, el cual empezamos a evaluar con seguimiento directo de nuestro personal en territorio”, recalcó el funcionario.
Y añadió que, en los próximos días, se presentarán los avances sobre el seguimiento a ese acuerdo con los actores del sistema de salud, pero se espera reduzcan los tiempos y que, sin excepción, se brinden las oportunidades para el acceso a la medicina especializada.
Las citas con especialistas que más fueron tuteladas son: ortopedia con un 13.1 %, seguida de oncología con el 10.5 %, neurología 9.1 %, neurocirugía 6.2 % y oftalmología 5 % del total de tutelas en materia de salud en el país durante el último año.
En el encuentro, el defensor del Pueblo reiteró el llamado a los agentes que prestan el servicio de salud para que garanticen el derecho fundamental.
De la misma forma, Camargo Assis resaltó que la acción de tutela cambió el paradigma de la protección de los derechos en Colombia, ya que ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser meros enunciados formales, a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas.
“La administración de justicia pasa a ser el escenario en donde los actores más olvidados de la sociedad colombiana tienen la posibilidad real de acudir a un juez para resolver sus problemas, muchas veces causados por el incumplimiento de las obligaciones del Estado, e incluso de los particulares”, puntualizó el representante de la sociedad. El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que el Quindío es uno de los departamentos donde más tutelas de salud se presentan en Colombia.
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