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Atendiendo citaciones e invitaciones de la Comisión Sexta del Senado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, expusieron la crisis de la empresa de telecomunicaciones Tigo, y el enfrentamiento que en las últimas semanas sostienen con Millicom por el manejo del operador de telefonía móvil.
En su exposición de más de 40 minutos, Carrillo precisó que Tigo cuenta con 3.945 empleados directos, así como con 825 proveedores, y el Estado es el principal acreedor de la compañía por obligaciones de espectro del orden de $ 3,5 billones. Resaltó que el nivel de capital de trabajo es negativo, lo que demuestra que hay iliquidez. “Desde 2014 no se han reportado utilidades en Tigo”, enfatizó el funcionario.
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El gerente de EPM añadió que en los últimos tres años el deterioro del patrimonio ha sido dramático, cosa que Millicom atribuye a la entrada de WOM y a la compra que hizo Tigo de una franja del espectro electromagnético a un precio muy alto.
Sobre la capitalización que inicialmente fue de US$ 75 millones y luego subió a US$ 150 millones, propuesta por Millicom, Carrillo sostuvo que el plan de negocio a futuro de Tigo representa muchos riesgos que dependen de terceros, e insistió en que una eventual dilución de la participación accionaria de EPM en Tigo debe pasar por el Concejo de Medellín, trámite que Millicom no ha querido adelantar.
Volvió a plantear una valoración de Tigo, pues Millicom en un momento sostuvo que la acción de la empresa tenía un valor de $ 428.000, pero un mes después bajó ese precio alrededor de los $ 2.000. En este punto Carrillo admitió la posibilidad de que EPM acepte una dilución, pero a unos valores aceptables.
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Recordó que en agosto de 2024 expira una cláusula que le permite a EPM vender las acciones que posee en Tigo, operación que no fue aprobada por el Concejo y en las condiciones en que está el negocio con Millicom EPM está a punto de quedarse con cero pesos de una empresa que tiene mucho valor.
Por su parte, el alcalde Quintero advirtió que un cese en la operación de Tigo no solo impactaría a Medellín y servicios claves como el metro y de algunos hospitales, sino a millones de usuarios de esa compañía en todo el país. Criticó que desde 2014 Millicom despidió a la mayoría de empleados de UNE y vendió la infraestructura.
Expresó que en las actuales condiciones “EPM es el socio bobo de Millicom”, frase que fue recogida por algunos de los senadores que estuvieron en el debate. La frase fue usada por el mandatario en 2021, cuando empezó a tramitar ante el Concejo la iniciativa para que EPM vendiera sus acciones en Tigo.
Acerca de la capitalización, Quintero sostuvo que Millicom dice que no puede garantizar qué puede pasar con el dinero que aporte EPM, o sea que no asegura que se vaya a generar rentabilidad.
Sobre el actual presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, el alcalde manifestó que es el funcionario público mejor pagado del país, con un salario que puede ser de unos $ 200 millones. La mención recordó la usada el mes pasado por el presidente, Gustavo Petro, contra el gerente de la Federación de Cafeteros de quien dijo devengaba $ 200 millones.
El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, Mauricio Lizcano Arango, llegó tarde a la sesión, pero precisó que desde hace seis meses se le está prestando atención a la situación económica de Tigo.
Lizcano indicó que el Gobierno no ve con buenos ojos la dilución de la participación accionaria de EPM en Tigo, porque se corre el riesgo de que el patrimonio público se pierda. Señaló que lo que parece estar más cerca es una reorganización empresarial de Tigo, al amparo de la Ley 1116 de 2006. Especificó que para el 11 de octubre EPM y Millicom deben llegar a un acuerdo o el Gobierno intervendría.
Señaló que al país no le convendría quedar en manos de dos operadores de telecomunicaciones porque eso sería un oligopolio. Enfatizó en que el interés del Gobierno es salvar la empresa, aunque no puede capitalizarla.
La discusión se trasladó al Congreso con el argumento de que pese a que la situación de Tigo compete a decisiones adoptadas en el pasado por autoridades de Medellín, como el Concejo y la Alcaldía y confronta hoy a EPM y a Millicom, está en riesgo la prestación de los servicios de telecomunicaciones para 15,1 millones de usuarios en todo el país.
Algunos de los participantes cuestionaron que Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, no asistiera al debate pese a que fue citado por el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez. Igualmente, hubo comentarios en contra del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien para la época de la fusión de UNE con Tigo era alcalde de Medellín y a quien se le atribuye el haber entregado un patrimonio público a un privado extranjero.
Este debate en el Senado es previo a la asamblea extraordinaria de accionistas de Tigo prevista para mañana, 21 de septiembre, a las 7 y 30 de la mañana.
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