Familias en zona de riesgo se resisten a ser reubicadas; "ya tienen apartamento asignado"

Aunque la calle 31C con carrera 33 de Bajo Cervantes, afectada en el 2017 por un deslizamiento, es de riesgo no mitigable algunos damnificados se resisten a salir. La Alcaldía de Manizales, en cumplimiento del fallo de una acción popular, les ha ofrecido reubicación en un proyecto de vivienda del barrio San Sebastián, pero no quieren trasladarse.

El Consejo de Estado resolvió el 10 de marzo de este año, en segunda instancia, la apelación que hizo la Alcaldía al fallo del Tribunal Administrativo de Caldas el 10 de junio del 2021, en el que ordenó la reubicación de 15 familias damnificadas por un derrumbe ocurrido el 19 de abril del 2017, en plena temporada invernal.

Argumentos

Dos habitantes de Bajo Cervantes, Luz Elena Torres Amaya y María Luzdary Osorio Castrillón, interpusieron la acción popular contra el Municipio, Corpocaldas y Aguas de Manizales por considerar vulnerados derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

Indicaron que la Alcaldía no había ejercido oportuna y diligentemente sus obligaciones en gestión del riesgo de desastres en esta zona, declarada de riesgo alto no mitigable y donde el deslizamiento generó inestabilidad del terreno sobre el cual algunas personas edificaron viviendas.

Agregan que la Alcaldía construyó en el 2019 algunos anclajes pasivos, pero que se encuentran deteriorados porque presentan filtraciones de agua que afectan casas aledañas. Sin embargo, el Municipio en la demanda dice que ese riesgo se encuentra controlado y, además, las obras realizadas para tal efecto se encuentran en buen estado y no presentan deterioro.

Hasta 10 meses

No obstante, el Consejo de Estado decidió amparar los derechos solicitados por las demandantes y le ordenó a la Alcaldía la reubicación, además de adoptar un plan transitorio, dentro del término de un mes a partir de la notificación del fallo, indicando las gestiones administrativas, presupuestales, financieras, policivas y los subsidios de arrendamiento más urgentes para la reubicación temporal de las familias identificadas en un censo que se adoptó, mientras se implementa la estrategia de vivienda definitiva.

Una vez pasado este tiempo, el municipio debe reubicar definitivamente a las familias censadas, en un lugar de condiciones similiares, por medio de un plan de vivienda subsidiada o de la estrategia que estime pertinente, en el término máximo de 10 meses.

El fallo dice además que si los habitantes se rehúsan a abandonar el sitio, la Alcaldía debe ordenar la desocupación de estos terrenos con el apoyo de la Policía, como indican las normas y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

También deberá monitorear la zona y ejecutar las medidas de contención del riesgo para conservar el territorio. Igualmente debe conformarse un comité de verificación integrado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, la Alcaldía, Corpocaldas, Aguas de Manizales y la Personería para hacerle seguimiento a lo ordenado y rendir informes trimestrales. Podrá participar cualquier habitante de la zona.

Lo que se ha hecho

Claudia María Salazar, jefe de la Unidad de Vivienda Municipal, indica que la Alcaldía les ofreció a las familias damnificadas de Bajo Cervantes postularse al proyecto de vivienda que desarrollan en el barrio San Sebastián, donde terminan de construir nueve torres de apartamentos, cada uno de siete pisos.

Son 251 apartamentos para damnificados de las emergencias en varios sectores de Manizales, pero entre las de Bajo Cervantes solo 10 se postularon al proyecto que ejecutan Fonvivienda, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía por un valor aproximado a los $22 mil millones.

“Los apartamentos, avaluados en $83 millones, se entregarán en junio próximo, pues el proyecto está casi terminado, va en un 98% de ejecución. En este momento se hacen obras de urbanismo y terminados. Quienes acepten deben estar en el Registro Único de Damnificados y entregar el predio demolido donde se encontraban. Tenemos familias que ya tienen el apartamento asignado y que no quieren entregar el predio, pero no se pueden dejar viviendo personas en una condición de riesgo“.