La confirmación se dio en un cruce de cartas, luego de que la también vicepresidenta asumiera y su primera tarea como ministra de Relaciones Exteriores fuera firmar la carta al organismo de la OEA para que adelante la visita.

Así lo expuso Marta Lucía Ramírez en el evento desde la Casa de Nariño, al confirmar que los delegados llegarán el próximo 7 de junio:

“Pedimos a la CIDH que adelantemos esa visita y eso es lo que vamos a hacer, pero condicionado de todas maneras a que la Comisión haga previamente una audiencia privada en Colombia con todo lo que las instituciones y los organismos de control han venido haciendo desde el 28 de abril”.

En esa reunión estarán presentes la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y su fin, según la carta de la vicepresidenta canciller, es “presentar a profundidad los informes que den plena respuesta a las solicitudes de información realizadas por la comisión”.

La misiva detalla que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, también acordó que “la audiencia privada solicitada por el Estado Colombiano se realizará el próximo 7 de junio en la sede de ese organismo”.

Sobre dicho encuentro, la funcionaria detalló en Palacio:

“Se haría entonces en Colombia primero la audiencia privada y después la visita de trabajo en la que esperamos que los comisionados escuchen al Estado Colombiano y escuchen a distintos sectores colombianos de la sociedad civil afectados por todos estos destrozos a partir del 28 de abril”.

Luego de eso, la carta continúa explicando que la visita formal comenzará un día después, es decir el 8 de junio. Allí se hará “una presentación del Estado colombiano donde se expondrá brevemente la información entregada en la audiencia privada y en la que participarán otras entidades del Gobierno que presentarán sus informes” relacionados con el paro nacional.

Previamente, en otra carta enviada desde la CIDH a Ramírez, le propusieron adelantar la visita del 7 al 9 de junio porque “considera que en el actual contexto resulta imperioso hacer un monitoreo de la situación de derechos humanos en el terreno a la mayor brevedad posible”.

También se propone desde el Gobierno colombiano que la visita “comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán” en donde podrían reunirse con los alcaldes y gobernadores y “diferentes sectores de la sociedad civil”, aunque no detalla quiénes serán y cómo serán elegidas esas personas que asistan a dichos encuentros.

Sin embargo, sí le sugiere que se reúna con ciertos sectores, ninguno de los cuales incluye representantes o convocantes de las manifestaciones. Estos son:

  • Salud
  • Servicios públicos
  • Industrial, empresarial, comercial, de pequeñas y medianas empresas
  • agropecuario
  • Víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo civiles
  • Miembros de la Fuerza Pública y las familias de los fallecidos.

Por su parte, la CIDH había considerado reunirse con “diversos sectores representativos de la sociedad colombiana” incluyendo, en efecto a autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado colombiano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero también con “representantes de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas”.

Además, buscarán escuchar a todas “las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones”.

Aquí puede consultar los dos documentos, tanto del Gobierno colombiano como de la CIDH:

Marta Lucía Ramírez asume como canciller de Colombia