Las declaraciones juramentadas de bienes y rentas son documentos que todo funcionario público debe presentar antes de tomar posesión de su cargo, y que debe actualizar cada año hasta retirarse, señalaron los demandantes.
En ese documento deben estar reportados sus bienes, su patrimonio, y las actividades externas que le generen ingresos extra o que puedan representar conflictos de interés.
De esta manera es posible saber, por ejemplo, cómo aumentó el patrimonio de un funcionario mientras desempeñó su cargo y si tiene intereses privados que pueden afectar el ejercicio de su función pública.
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Por eso, eligieron aleatoriamente 20 congresistas para que entregaran esa información, y el 31 de enero pasado presentaron las solicitudes en las dos cámaras y aseguran que sólo cinco congresistas enviaron copia de la totalidad de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas.
Esos congresistas fueron Alexander López Maya (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Verde), Iván Cepeda (Polo Democrático), María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y Olga Lucía Velásquez (Partido Liberal).
Por su parte, Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), Julio Eugenio Gallardo Archbold (Partido MIR – Movimiento de Integración Regional) y Antonio Guerra de la Espriella (Partido Cambio Radical) la remitieron a las Secretarías del Senado y de la Cámara, “por considerarlas las dependencias competentes para entregar esta información”.
Dejusticia señala que de los doce restantes:
– 5 negaron el acceso o la divulgación de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas, argumentando la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data o a la seguridad personal.
Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical), Vanessa Alexandra Mendoza (Partido Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y El Castillo), Guillermina Bravo (Movimiento Político MIRA), Ana Paola Agudelo (Movimiento Político MIRA) y Roy Barreras (Partido de la U).
– 2 de ellos entregaron la información pero incompleta.
Roy Barreras (Partido de la U) y Doris Clemencia Vega (Partido Opción Ciudadana).
– Uno entregó la información, pero en la práctica impidieron el acceso.
Jorge Enrique Robledo (Partido Polo Democrático), que se comprometió a entregar la información en marzo, pero no lo hizo.
– Y, cuatro meses de la solicitud, otros 5 congresistas hicieron caso omiso a dicha solicitud.
Iván Leonidas Name (Partido Verde), Roberto Gerlein (Partido Conservador), Armando Benedetti (Partido de la Unidad Nacional), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) y Antonio José Correa (Partido Opción Ciudadana).
Estas negativas motivaron la tutela “contra las secretarías generales del Congreso, y contra los once congresistas que no respondieron, negaron la información o su divulgación, hicieron una entrega incompleta o que en la práctica impidieron el acceso”, argumentando la violación de derechos fundamentales de petición, libertad de información y acceso a información pública.
En la tutela solo están 11 y no 12 porque consideraron prudente abstenerse “de incluirlo en la demanda, dado el grave estado de salud en el que se encuentra actualmente”.
El recurso, según Dejusticia, sostiene que los congresistas no pueden negar la información solicitada ni su divulgación basándose en sus derechos a la intimidad, al habeas data y a la seguridad personal, pues estos no aplican de la misma manera para los servidores públicos que para el resto de ciudadanos, cuando se trata de asuntos de interés o de relevancia pública. Adicionalmente, son datos personales públicos que no están cubiertos por la reserva legal que protege a los datos personales.
Los demandantes también señalaron:
“La falta de acceso a la información solicitada nos impide ejercer de manera informada los diferentes mecanismos de la democracia participativa: el control social, la exigencia de rendición de cuentas y el derecho al voto”.
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