Cabello, que renunció hace poco como ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, tiene asegurados los votos en la primera sesión presencial del Congreso, que se venía reuniendo virtualmente por la pandemia del coronavirus. Se da por descontado que supere a los otros dos ternados, el exviceprocurador Juan Carlos Cortés y el exmagistrado Wilson Ruiz.

Pero la prematura elección de Margarita Cabello (5 meses antes de que termine el periodo del actual procurador, Fernando Carrillo) no solo afectaría la gestión del actual jefe del Ministerio Público, sino que plantea una cuestión más delicada para el sistema de pesos y contrapesos de una democracia, del cual hacen parte los órganos de control.

Desde cuando se conocieron las intenciones de Cabello de renunciar al Ministerio de Justicia para llegar a la Procuraduría, varios opinadores llamaron la atención sobre el hecho de que básicamente los órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República), que están para eso: para controlar las decisiones y acciones del Ejecutivo, quedarían en manos de personas cercanas al Gobierno y, por extensión, al uribismo.

Por eso, Rojas, en su columna de El Tiempo, asegura que “el uribismo tiene en su puño el monopolio excluyente de la mayor parte de las instituciones”, entre las cuales pone, además de los órganos de control, al Gobierno, al Congreso, la Fiscalía General de la Nación, “y una alianza mayoritaria en el Consejo Nacional Electoral, al cual está subordinada la Registraduría Nacional del Estado Civil para ‘dejar pasar’ las ‘Ñeñepolíticas’”.

“Solo le faltan las Altas Cortes”, escribe Rojas, y asegura que para dominar esos tribunales “avanza sin pudor una fuerte escalada, mediante el mecanismo del descrédito extrajudicial o con mandobles y triquiñuelas procedimentales, que afectan la majestad de la justicia”. En resumen, para este columnista, se trata de “una concentración de poder inimaginable en una democracia integral y decente”.

Elisabeth Ungar Bleier recuerda en El Espectador que los órganos de control más la Fiscalía, “por la relevancia de las funciones que la Constitución les otorga, deben garantizar su total independencia frente a las tres ramas del poder [Ejecutiva, Legislativa y Judicial] y, en general, frente a intereses de sectores políticos, sociales o económicos que puedan incidir o interferir en su accionar y decisiones”.

Las elecciones de fiscal, contralor, defensor del pueblo y de la muy probable próxima procuradora “han estado enmarcadas en negociaciones y transacciones políticas que han favorecido a sectores pertenecientes a los círculos más cercanos al Gobierno, incluyendo al propio presidente Duque”, asegura Ungar Bleier, y agrega que quienes hoy ocupan o aspiran a ocupar estos cargos “son amigos cercanos” de Duque, “pertenecen a las casas políticas más afines al uribismo o pretenden llegar a la Presidencia en el próximo cuatrienio”.

Pero Ungar Bleier profundiza más en su análisis y destaca otro aspecto de la situación que observa, al cual llama “carrusel”. Se refiere al hecho de que pocas personas se rotan algunos de los cargos más relevantes del Estado, “cerrando aún más el círculo del poder y debilitando los controles”.

Pone como ejemplos a Nancy Patricia Gutiérrez (exministra del Interior del gobierno Duque), nombrada consejera presidencial para los Derechos Humanos, en reemplazo de Francisco Barbosa, ternado por Duque y luego elegido fiscal general; y Margarita Cabello, que pasó de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia y también fue ternada por Duque para la Procuraduría.

Además, sostiene que es probable que el nuevo ministro de Justicia sea Miguel Ceballos, actual alto comisionado para la Paz, y recuerda que el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también fue nominado por el presidente Duque y elegido por la Cámara de Representantes, “a pesar de los reparos por su falta de experiencia en temas relacionados con su cargo y por cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la Federación Nacional de Departamentos, donde venía desempeñándose como director”.

De vuelta a la Procuraduría y al hecho de que Cabello, postulada por Duque, sea elegida hoy para dirigirla, vale la pena señalar dos casos que prueban cómo el Ministerio Público ejerce control sobre el Gobierno. Uno es la investigación que acaba de abrir por las demoras del Ejecutivo en la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y la diferencia de cifras que encontró respecto del asesinato de líderes sociales en el país.

Sin embargo, hay otras miradas, como la del exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, para quien la Procuraduría, por la demanda que le ganó el senador Gustavo Petro a la Nación en la Corte IDH, es una entidad que quedó “maltrecha” debido a que para atender la sentencia del tribunal continental “será necesario reformar las competencias de la entidad y sin dichas atribuciones, sus facultades disciplinarias se reducen considerablemente”.

La Procuraduría, escribe Arrubla en El Nuevo Siglo, “queda reducida a su esencia, de no menor calado, la actividad burocrática; sin el perfil de órgano de control, con competencia para destituir a senadores, representantes, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios, de la cual quedará relevada”, y añade que “no es tan malo que un cargo que sabemos politizado, pierda los músculos para dar garrote a los opositores”.

Con todo, Rojas asegura que, tras estas acciones, “el Gobierno […] ha puesto el aparato del Estado al servicio del senador [Álvaro Uribe] con el fin de activar solidaridades y, al mismo tiempo, ejercer presiones indebidas sobre organismos y gobiernos extranjeros contra la soberanía de la administración de justicia en Colombia”.