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La reciente decisión del Ministerio de Ambiente de Colombia de revisar la concesión de agua subterránea otorgada a INDEGA S.A., filial de Coca Cola, en La Calera, ha puesto nuevamente en el centro del debate público la prioridad del consumo humano sobre los usos industriales del recurso hídrico. La ministra Irene Vélez, en funciones de encargada, enfatizó la legislación vigente al solicitar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que se privilegie el abastecimiento para las personas antes de destinar agua a fines industriales. Según su declaración, "la ley es clara: el agua para la gente tiene prioridad", subrayando el componente social detrás del recurso natural.
Esta concesión actualmente permite a INDEGA S.A. extraer 3,23 litros de agua por segundo a partir de siete manantiales ubicados en La Calera. Esta cantidad ha sido motivo de discusión, ya que la captación de agua subterránea con fines comerciales ha generado alertas y críticas desde sectores políticos y sociales. Particularmente, la congresista María del Mar Pizarro ha hecho públicas sus preocupaciones acerca de la presencia de cemento en los manantiales, además de haber cuestionado las prórrogas sucesivas de los permisos. Según Pizarro, estas autorizaciones deberían culminar con la expiración original, remitida al Decreto 2811 de 1974. Sin embargo, de acuerdo con el director de la CAR, Alfred Ballesteros, y expertos en derecho ambiental, las concesiones pueden ser prorrogadas bajo ciertas condiciones conforme lo estipula el Decreto 1076 de 2015.
Otro de los elementos controversiales tiene que ver con el pago realizado por el uso del agua, calculado en 11 millones de pesos colombianos (COP), una suma determinada por el Ministerio de Ambiente. Este monto ha suscitado críticas de activistas y analistas, quienes señalan que no refleja el verdadero valor ambiental ni social de este recurso esencial, y han solicitado una revisión que promueva la equidad ambiental. El debate sobre la actualización de las tarifas representa un llamado a fortalecer la justicia en la administración del agua, evitando que intereses corporativos prevalezcan sobre el bienestar colectivo.
En respuesta a la presión ciudadana, la CAR organizó una audiencia pública que permitió la participación de la sociedad civil y de expertos en torno a la posible prórroga de la concesión. La inclusión de estos espacios de deliberación ayuda a transparentar los procedimientos y a acercar las preocupaciones de la comunidad a las autoridades encargadas de gestionar los recursos naturales.
Dentro de las alternativas propuestas por el Ministerio de Ambiente, destaca la conformación de una mesa técnica junto con la autoridad ambiental. Esta instancia busca analizar el marco actual de la concesión y examinar las vías posibles para su renovación o revocatoria, siempre dentro de los límites legales. De este modo, las autoridades pretenden equilibrar las demandas industriales con la protección del agua para quienes dependen de ella.
La revisión y regulación permanente de estas concesiones por parte de los gobiernos es una pieza clave en la defensa del agua como derecho fundamental. Solo así podrá garantizarse un acceso justo y sostenible, en apego a las regulaciones establecidas y con la colaboración activa de la ciudadanía, que vigila y participa en los procesos que afectan directamente su entorno y calidad de vida.
¿Por qué se considera prioritaria el agua para consumo humano frente a otros usos?
El principio de prioridad para el consumo humano en la asignación de recursos hídricos está fundamentado en la legislación ambiental colombiana, como lo recalcó la ministra Irene Vélez. El agua es indispensable para la vida y la salud pública, razón por la que la ley establece que las necesidades básicas de la población deben cubrirse antes de que el recurso se destine a fines industriales, agrícolas u otros. En ese marco, la protección del agua potable y la garantía de acceso para las comunidades se convierten en objetivos centrales para cualquier política de manejo de recursos naturales.
Esta priorización tiene relevancia adicional en contextos donde los recursos son limitados o presionados por el crecimiento urbano e industrial. La dinámica en La Calera ilustra cómo los conflictos por el agua suelen surgir ante la percepción de riesgo al abastecimiento poblacional, lo que sitúa en primer plano la discusión sobre derechos, justicia ambiental y criterios claros para la repartición de recursos escasos.
¿Qué significa exactamente la prórroga de una concesión de agua?
La prórroga de una concesión de agua es la extensión del periodo autorizado originalmente para el uso de un caudal específico, una vez vencido el plazo inicial. Según el Decreto 1076 de 2015, una concesión puede prorrogarse si se cumplen determinados requisitos técnicos y legales, como el cumplimiento de condiciones de manejo ambiental y la no existencia de afectaciones negativas a la comunidad o el entorno.
En el caso de INDEGA S.A., la discusión sobre las prórrogas ha sido un punto de tensión, ya que para algunos actores, la norma anterior era más restrictiva. Por su parte, la autoridad ambiental considera que, bajo la normativa actual, la extensión de las concesiones es viable mientras se respeten los parámetros legales y técnicos, lo que deja abiertas distintas rutas de debate alrededor de la gestión hídrica y su regulación.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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