Para el Ministerio Público, los matrimonios entre adolescentes o entre adolescentes y mayores de edad hacen parte de las formas de violencias de género, contribuyen a la deserción escolar, y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres.

En la audiencia en la que se discutió el Proyecto de Ley 118 de 2020 en la Comisión Primera del Senado, el ente de control hizo un llamado a promover acciones de lucha contra las uniones tempranas por los efectos nocivos en la salud física y mental de los menores de edad, informó en un comunicado.

Enfatizó en que la Procuraduría es partidaria de la eliminación de la facultad otorgada por el legislador a los menores de edad para contraer matrimonio.

El Ministerio Publico demandó políticas públicas para que los niños aprovechen cada etapa de su edad y puedan formarse en todas sus dimensiones como seres humanos “sin que la carga del matrimonio les afecte su desarrollo”.

También advirtió que la posibilidad legal del matrimonio de menores de edad con autorización de los padres puede llegar a disfrazar casos de explotación sexual.

“Lograr eliminar estas normas vulneratorias de derechos humanos en nuestra legislación no solucionan el problema de raíz y comprendemos que el ordenamiento jurídico por sí mismo no transforma realidades y no por no existir la misma vamos a impedir las uniones tempranas, pero sí sería el inicio de una gran labor que debemos emprender por proteger integralmente a la niñez y la adolescencia en Colombia”, insistió el ente de control.

Aseguró que es deber del Estado proteger a la infancia y adolescencia de “una práctica que pone en juego los proyectos de vida y que esconde muchas vulneraciones de los derechos humanos”.

La Procuraduría dijo que acompañará el trámite legislativo del proyecto que el Procurador Fernando Carrillo Flórez suscribió el pasado 20 de julio y que fue radicado por el senador Honorio Henríquez, y hará vigilancia a la implementación de las políticas que deben establecer el Gobierno nacional y las administraciones territoriales para erradicar esta práctica.

El pasado 10 de septiembre la Procuraduría lideró el conversatorio ‘El deber de proteger a la niñez de los matrimonios y uniones tempranas’, que llamó a congresistas, sociedad civil, academia, al ICBF, los ministerios de Educación y de Salud y Protección Social, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y organismos de cooperación internacional como UNICEF y ONU Mujeres, a fortalecer las acciones de protección hacia la infancia y la adolescencia.