Un escándalo de proporciones mayores rodea al reconocido médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia, cuyo prestigio entre la élite bogotana se sustentaba en exclusivos procedimientos estéticos que alcanzaban costos de hasta 80 millones de pesos. Para programar las intervenciones, el esquema exigía anticipos iniciales de tres millones de pesos por paciente, una promesa de belleza y estatus que hoy se encuentra bajo la rigurosa lupa de la Fiscalía General de la Nación tras confirmarse la muerte de cuatro personas y las graves secuelas denunciadas por otras tres mujeres, según informó El Tiempo.
El caso escaló drásticamente a raíz de los operativos de allanamiento de alto impacto liderados por la Secretaría de Salud de Bogotá y la Fiscalía. Las diligencias se concentraron en el exclusivo barrio Santa Bárbara, al norte de la capital, específicamente en el edificio Marasha, donde las autoridades inspeccionaron al menos cuatro apartamentos ubicados en el segundo, tercer y cuarto piso. Dichos inmuebles figuran a nombre de Lucas Cubillos, hijo del médico e integrante de la Clínica Obesidad y Envejecimiento SAS, y en los registros visuales de las autoridades quedaron al descubierto máquinas láser y aparatología quirúrgica, de acuerdo con el periódico.
Frente a los hallazgos que encendieron las alarmas sobre posibles quirófanos clandestinos en zonas residenciales, el doctor Cubillos se defendió en diálogo con El Tiempo, asegurando que la operación de los inmuebles tenía un propósito completamente ajeno a la cirugía: “La Fiscalía no imputó nada relacionado a esos apartamentos, puesto que no operamos ahí. Son apartamentos a donde llevábamos a algunos invitados y a familiares de los pacientes. Ahí vivían también miembros de mi familia”. Respecto a los equipos médicos incautados, el galeno argumentó que “ahí teníamos unos láser que le habíamos vendido a unos médicos. Eso fue lo que se llevaron las autoridades, pero esos equipos no estaban ahí porque operáramos en esos apartamentos. No tiene ninguna lógica que si tenemos dos clínicas para operar, se diga que estamos operando en un apartamento”.
Mientras la investigación avanza y se analizan los testimonios de pacientes que alegan haber sido estafadas y afectadas en su salud, la defensa jurídica del médico, encabezada por la abogada María Paula Escorcia Leiva, enfatizó que el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías le negó la medida de aseguramiento tras concluir que no se acreditó inferencia razonable de autoría o participación, permitiéndole continuar compareciendo en libertad mientras se esclarecen los hechos, según el informe periodístico.
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