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La representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, denunció que la exalcaldesa de la capital, Claudia López, mintió en un noticiero, afirmando que en su administración instaló 8.500 cámaras de seguridad, algo que según Arbeláez desmintió la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con la representante, a través de un derecho de petición, la cartera de Seguridad confirmó que desde el 2020 en Bogotá no se ha instalado ni una sola cámara de videovigilancia.
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“Esta secretaría tiene a cargo 5.828 cámaras, de las cuales 1.285 están sin funcionamiento y nunca se hizo una inversión para arreglar las que están dañadas, por el contrario, la secretaría de movilidad sí tiene más de 40 cámaras para perseguir a los conductores con las foto multas”, dijo Arbeláez.
Asimismo, la representante afirma que actualmente esta entidad tiene en funcionamiento solo 4.543 cámaras, que habrían sido instaladas durante la administración de Enrique Peñalosa.
“Es una mentira más de Claudia López que haya instalado 8.500 cámaras, como lo afirmó meses antes de terminar su administración en CM&. Solo hasta diciembre del año pasado se abrió un proceso de adquisición de 400 cámaras LPR que empezaran a funcionar, pero que no son suficientes para combatir la criminalidad, desde el 2020 no se invierte en una sola cámara de seguridad para Bogotá”, dijo Arbeláez, quien hizo turco para aprobar subcomisión de reforma a la salud.
Respecto al proceso para adquirir 400 cámaras de seguridad, tampoco se sabe si quedó congelado o sigue en pie con el cambio de administración, teniendo en cuenta que a la fecha sigue en etapa de observaciones.
Finalmente, el llamado de la representante es para el nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, a quien le pide tomarse con “seriedad la seguridad en Bogotá, logre una mayor inversión en tecnología y ponga orden el desastre que dejó Claudia López”.
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Cámaras de seguridad en Bogotá
De acuerdo con la respuesta que entregó el Distrito, el pasado 31 de octubre de 2023, en la ciudad hay 9.540 cámaras, de las cuales, 5.828 son propiedad de la Secretaría de Seguridad, 1.876 son de entidades privadas, 1.776 de Transmilenio, 14 de la CAR, 6 de Invías y 40 de la Secretaría de Movilidad.
Frente a las cámaras de la cartera de Seguridad, así están distribuidas por localidades:
Asimismo, la Secretaría de Seguridad, que prohibiría parrillero hombre, afirma en la respuesta al derecho de petición de la representante, que en Bogotá, entre 2008 y 2011, se instalaron 145 cámaras; entre 2012 y 2015, fueron 235; entre 2016 y 2019, fueron 4.237; y de 2020 al 31 de octubre de 2023, no se instaló ninguna.
“Para la vigencia 2020 hasta la fecha, no se han celebrado contratos para la adquisición e instalación de cámaras nuevas. Se precisa que los contratos de mantenimiento tienen como objeto principal sostener el servicio de video vigilancia de la ciudad, y dentro de ellos se hace una reposición de las cámaras que por diagnóstico técnico o por obsolescencia deben ser dadas de baja”, aclaró la entidad en el documento.
Es decir, que las cámaras que se instalaron durante la administración de López fueron en reemplazo de cámaras dañadas, más no cámaras nuevas en puntos diferentes.
Finalmente, frente a los contratos de mantenimiento de las cámaras que se firmaron durante la pasada alcaldía, la Secretaría de Seguridad informó que fueron tres: el contrato 1070-2020 por $8.558.923.658; el contrato 1242-2021, por 21.640.490.449; y el contrato SCJ 1932-2022, por $22.223.000.000.
Pulzo complementa
La exmandataria de Bogotá también recibió críticas por firmar la adjudicación de la construcción de un velódromo con un presupuesto de 132.000 millones de pesos apenas una semana antes de concluir su mandato. La decisión ha generado polémica debido a la rapidez en el proceso y la transparencia en la selección de contratistas. El velódromo, ubicado en la localidad de Kennedy, está siendo cuestionado tanto por su ubicación como por el momento en que se otorgó el contrato. La construcción es considerada crucial para el desarrollo deportivo en la ciudad, según la administración saliente.
Sin embargo, críticos señalan que la prisa en la firma del contrato plantea dudas sobre si el velódromo cumplirá con los estándares internacionales. La Federación Colombiana de Ciclismo y el Comité Paralímpico Colombiano argumentan que el lugar seleccionado no cumple con los parámetros necesarios para competencias internacionales. Además, se destaca que la empresa adjudicada ya había sido parte de otro consorcio que recibió un contrato millonario para la construcción de un cable aéreo en Ciudad Bolívar.
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