Las palabras “basura” y “cero” son sinónimos de sombras políticas y ejecutoriales en la historia política del presidente Gustavo Petro. Ambas las pronunció esta semana en medio de la posesión de la nueva comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Ruth Maritza Quevedo, cuando le pidió que expidiera resoluciones para que en el país “se establezca como un programa obligatorio para todos los municipios el ‘Colombia Basura Cero’”.
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A priori, se trata de una reedición del programa “Basura Cero Bogotá” con el que quiso –como alcalde de la capital entre 2012 y 2015– cambiar el modelo de recolección de basuras en la ciudad y que terminó en investigaciones, sanciones, multas y hasta su destitución del cargo.
Mediante esta iniciativa, que puso en marcha en 2012, buscaba incluir a los recicladores de oficio en el sistema de aseo, siguiendo las órdenes de la Corte Constitucional en el sentido de que debía incorporarlos y así garantizar que tuvieran un ingreso por este trabajo. Sin embargo, el proceso no terminó de la mejor manera y le dejó al presidente el sambenito de mal ejecutor.
“El programa debe remunerar de verdad a los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia y que disminuya sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos a cielo abiertos y enterramientos, que se les denomina ahora relleno sanitario”, anunció Petro en la posesión de Quevedo.
¿Qué busca este programa?
En palabras del presidente, con “Colombia Baura Cero” se busca que “no ayudemos, por mantener unas ganancias, unas codicias particulares, a agravar los problemas del calentamiento global y, por tanto, de la crisis climática del mundo”.
En esencia, los objetivos que se buscan son, entre otros, dignificar el trabajo de los recicladores tradicionales –que ejercen esta labor en precarias condiciones de salubridad y seguridad en las calles– y que en el tema del agua y el aseo, se tramiten las “tensiones políticas, de tal manera que nosotros garanticemos el derecho a la vida a través del derecho al agua potable”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado experto en régimen ambiental y servicios públicos, Ricardo Herrera, manifestó que esta es una medida buena, en cuanto a que “Basura Cero” sea sinónimo del “concepto mundial de cómo los seres humanos buscamos reducir residuos y bajar los gases de efecto invernadero, que se logran, en parte, con la disminución de basuras” y no de lo que ocurrió en Bogotá que “terminó en el desastre del servicio de aseo”.
El recuerdo de Bogotá
Aunque el fondo del programa “Basura Cero” tiene un propósito altruista con las personas que se dedican al reciclaje en la calle, y con el medio ambiente por la reducción o aprovechamiento de residuos, lo cierto es que los resultados del mandatario en ese materia, a juzgar por lo ocurrido en Bogotá, no son alentadores.
En su afán de incluir a los recicladores en el sistema de aseo, Petro fue más ambicioso y quiso refundarlo para convertirlo en uno totalmente público, a cargo del Distrito por medio de la empresa Aguas de Bogotá (del acueducto).
Para ello, quiso sacar a las empresas privadas que habían tenido por muchos años el negocio de la recolección de residuos, cuyos dueños eran personajes de la élite económica cercana a algunos de sus adversarios políticos. Sin embargo, el entonces alcalde se vio a gatas para cubrir la recolección en toda la ciudad, ya que no había empresas públicas en la capital que tuvieran experiencia en aseo.
El resultado fue que el día que acababa el contrato de recolección con los privados, Bogotá vivió una crisis por la falta de recolección de basuras, pues las volquetas que usaron para hacerlo no dieron abasto. Finalmente y con esta crisis, la Alcaldía tuvo que delegarles parte de esa tarea a los privados, que siguieron operando en el 48 % de la ciudad.
El resultado final de esta operación fue el cambio en la forma de contratación con el Distrito, con el que se les pagó a los operadores un precio fijo por operar zonas, que las tarifas de aseo bajaran entre un 8 y un 11 % y vincular a 14 mil recicladores.
Aún así, hubo unos “peros”: años después, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que el modelo de Petro violó la libre competencia, por lo cual condenó al Distrito a pagar una multa de $80.794 millones y a Petro, una de $410 millones; así mismo, en 2017 el Tribunal de Cundinamarca tumbó ese modelo de aseo y la Contraloría de Bogotá encontró a Petro responsable de la pérdida de $33.000 millones por la compra de 116 camiones recolectores que no se necesitaron (decisión que no está en firme).
Retos para hacerlo realidad
El analista Juan Carlos Flórez, quien hizo control político a Petro desde el Concejo de Bogotá, le dijo a este diario que el anuncio del presidente se diferencia del de su faceta anterior en que lo que puede hacer es “establecer directrices a los municipios, pero la gestión para hacerlo queda en manos de los alcaldes”.
Por eso, dijo que ante los problemas que tiene el mundo con los desechos residenciales e industriales el objetivo es “bueno” y tiene su gran desafío en la logística para implementarlo. “Un plan de estos tiene un desafío logístico muy grande y es quién recoge los residuos reciclabes, qué costo tiene esa recolección, poner centros de acopio y humanizar el trabajo de los recicladores”, agregó.
Sin ir más lejos, el tiempo dirá si las palabras de Petro se quedan en uno de sus conocidos anuncios mediáticos o si toma rumbo para generar un cambio real en la vida de quienes se dedican al reciclaje.
Para eso, lo primero que debería hacer es pedírselo a las entidades correspondientes, pues, según explicó el abogado Ricardo Herrera, esa función no le corresponde a la CRA, sino al Ministerio de Ambiente y al Departamento Nacional de Planeación, para que así los municipios lo incluyan en planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regionales.
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