El asesinato de un líder social y el desplazamiento forzado de otro por amenazas muestran que la situación para estas personas no varía aun cuando el gobierno haya cambiado. Por el contrario, la situación de orden público en Colombia da muestras de desmejora en la administración de Gustavo Petro, que avanza en su intención de lograr la “paz total”.
(Le interesa: Enero se cerró con 10 líderes sociales asesinados en Colombia; último caso, una caucana)
Mientras eso ocurre, los líderes sociales siguen soportando el terror que impera en las regiones más apartadas, impuesto por los actores armados ilegales con los que el Gobierno quiere dialogar.
Uno de los casos más recientes de violencia contra los líderes sociales se produjo en el municipio de San Sebastián (Magdalena), en donde desconocidos asesinaron este fin de semana al líder social Milton Rocha Peña, informaron este lunes las autoridades locales.
El crimen, detalló la Gobernación del Magdalena en un comunicado, ocurrió la noche del sábado en la carretera que comunica al caserío de San Valentín con San Sebastián, donde el líder social fue baleado.
La administración departamental explicó que este asesinato ocurre en un contexto en el que desde hace más de cinco años “familias campesinas del corregimiento de San Valentín, jurisdicción de San Sebastián, ocupan terrenos que se encuentran en proceso de estudio y esclarecimiento de la situación jurídica”.
“La comunidad de San Valentín ha sufrido amenazas, amedrentamientos y ahora el crimen de Milton Rocha Peña, uno de los principales líderes del proceso de recuperación de la tierra que trabajan”, agregó la información. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que Rocha había denunciado amenazas de muerte desde 2021.
“Al momento del hecho, Milton se encontraba en casa del líder político y periodista Nelson Armesto, coordinador de la Red de Nodos Colombia Profunda del movimiento Colombia Humana [que lidera el presidente Gustavo Petro] en el Magdalena”, señaló esa ONG en un comunicado.
Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo emitió en 2021 una alerta temprana en esa región del Magdalena por la operación de la banda criminal ‘Clan del Golfo’, que también se hace llamar ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) en su propósito darse un carácter político con miras a negociaciones con el Gobierno.
En lo que va corrido de este año, esta ONG ha registrado el asesinato de 17 líderes sociales.
Desplazamiento de líder por amenazas de muerte
El segundo caso de violencia contra líderes sociales es el de Léyner Palacios, líder afrocolombiano, antiguo miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá (Chocó), una de las peores del conflicto armado ejecutada por la desmovilizada guerrilla de las Farc en 2002.
Palacios informó este lunes que huyó de su región por nuevas amenazas de muerte. “La verdad que es bastante triste, porque pues no es justo que uno tenga que pasar por estas situaciones: perder 28 de mis familiares [en 2002] y hoy tener que volver al séptimo desplazamiento” en medio del prolongado conflicto interno, dijo en Caracol Radio.
Desde un aeropuerto, el activista describió la amenaza que su hija recibió al celular el domingo: “El mensaje dice: ‘Que le diga a su papá que se comunique con ellos’. Y si no lo hago, me dan 12 horas. Si no, me matan a mí o a ella”, denunció Palacios, y aseguró desconocer qué grupo armado lo amedrenta.
En el selvático departamento del Chocó, donde residía el activista, delinquen el ‘Clan del Golfo’, la mayor banda narco del país, y la guerrilla del Eln, en negociaciones de paz con el gobierno izquierdista de Gustavo Petro.
“Urgimos al Estado a garantizar la vida de @PalaciosLeyner y su familia, nuevamente amenazados. Llamamos a grupos armados a respetar el #DIH (derecho internacional humanitario) y dejar a los civiles fuera del conflicto”, indicó la ONU en Twitter.
La población del Chocó es en su mayoría negra, pobre y víctima frecuente de las disputas por las rentas de la minería ilegal y el tráfico de drogas, en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.
“Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten […]. He comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”, escribió Palacios en Twitter.
El líder social fue comisionado de la Comisión de la Verdad, entidad extrajudicial creada en 2017 tras el acuerdo de paz con las Farc. Amenazado en distintas ocasiones, Palacios fue también víctima de una de las peores matanzas de la guerra interna por la que las Farc pidieron perdón antes de sellar la paz.
El 2 de mayo de 2002, en Bojayá, fallecieron 79 civiles, incluidos 45 niños, cuando un cilindro bomba lanzado por los rebeldes contra paramilitares de extrema derecha impactó la iglesia donde la población se refugiaba de los combates.
“Vamos a seguir levantando la voz. Hoy me sacan del departamento del Chocó, pero seguiremos hablando en Colombia”, aseguró Palacios, quien tiene un esquema de seguridad asignado por el Estado.
Aunque las Farc se transformaron en partido y el grueso de los paramilitares se desmovilizó en 2006, el conflicto sigue vivo y deja en medio siglo 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.
LO ÚLTIMO
.svg)
