La Corte Suprema de Justicia tiene en la mira al actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego de que encontrara indicios sobre posibles beneficios a la empresa que es propiedad del controvertido empresario.
La #SalaDeInstrucción abrió investigación contra el embajador Armando Benedetti, y los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres Monsalvo por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito (este último solo para Benedetti).
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 7, 2024
(Vea también: Benedetti no perdona a Petro y habla de traición: “No tengo injerencia en este Gobierno”)
Euclides Torres es señalado de ser presunto financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este nuevo proceso también involucra a los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres Monsalvo y se centra en la aprobación de una ley en 2012 que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas, legislación que supuestamente favoreció a Simetric S.A., informó Semana.
La magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, está a cargo del caso y ya notificó a todas las partes involucradas. La investigación formal incluye delitos como concierto para delinquir y cohecho propio contra los excongresistas mencionados. Además, Benedetti será investigado por enriquecimiento ilícito de servidor público, detalló el medio citado
En respuesta a esta nueva investigación, Benedetti reaccionó acusando a la magistrada Lombana de una supuesta persecución en su contra y asegurando que desde 2018 le ha abierto más de 10 procesos sin pruebas.
Efraín Antonio Torres, otro de los implicados, también ha sido vinculado a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022, siendo mencionado por Nicolás Petro, hijo del presidente, como uno de los promotores financieros en la Costa Caribe durante ese periodo.
Con esta nueva indagatoria, Benedetti acumula ya siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Estas investigaciones abarcan presuntos actos irregulares en entidades públicas como Electricaribe y la electrificadora del Meta, así como la presunta compra de votos en Maicao, La Guajira, en 2018. También se le investiga por el carrusel de las pensiones y presuntas irregularidades en el servicio de salud del Magisterio en Córdoba, además de tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Desarrollos y Proyectos (Fonade).
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